Defensoría de la Mujer, el Niño, el Adolescente y de las personas con discapacidad víctimas de actos de discriminación

¿QUÉ ES LA DISCAPACIDAD?

La discapacidad no debe entenderse únicamente como una condición de la persona, sino como el resultado de la interacción entre una deficiencia física, sensorial, mental o intelectual y las barreras del entorno que dificultan su participación plena en la sociedad.

De acuerdo con la Ley N.° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, la persona con discapacidad es aquella que presenta una o más deficiencias de carácter permanente que, al interactuar con barreras actitudinales y del entorno, puede ver limitada o impedida su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones con las demás.

Este enfoque responde al modelo social de la discapacidad, que reconoce que muchas limitaciones no se encuentran en la persona, sino en las barreras físicas, comunicacionales, sociales, institucionales o actitudinales que impiden ejercer derechos.

Base legal

La Ley N.° 29973 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N.° 002-2014-MIMP, reconocen a la persona con discapacidad como sujeto de derechos y establecen obligaciones para garantizar igualdad, accesibilidad, inclusión, autonomía y no discriminación.

Asimismo, el Decreto Supremo N.° 001-2026-MIMP modifica el Reglamento de la Ley N.° 29973 para fortalecer aspectos vinculados a accesibilidad, sistema braille, participación ciudadana y funcionamiento del Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad.

¿Qué son las barreras?

Las barreras son obstáculos que impiden o dificultan que una persona con discapacidad participe plenamente en la sociedad. Pueden ser:

  • Físicas: falta de rampas, ascensores, señalización, baños accesibles o espacios adecuados.
  • Comunicacionales: ausencia de intérpretes de lengua de señas, información en formatos accesibles, braille o lectura fácil.
  • Actitudinales: prejuicios, burlas, trato infantilizante, discriminación o subestimación de capacidades.
  • Institucionales: trámites inaccesibles, negativa de atención, falta de ajustes razonables o requisitos que excluyen injustificadamente.
  • Tecnológicas: páginas web, aplicaciones o servicios digitales que no son accesibles.

Eliminar estas barreras permite que las personas con discapacidad ejerzan sus derechos en igualdad de condiciones.

Tipos de discapacidad

Desde un enfoque funcional, pueden presentarse distintos tipos de discapacidad:

Discapacidad física

Relacionada con limitaciones en la movilidad o función motora. Puede requerir el uso de silla de ruedas, bastón, prótesis, órtesis u otros apoyos.

Discapacidad sensorial

Comprende la discapacidad visual, auditiva o sordoceguera, y puede requerir formatos accesibles, lengua de señas, subtitulado, audio descripción, braille u otros medios.

Discapacidad intelectual

Implica limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en habilidades adaptativas, por lo que puede requerir apoyos para la comunicación, comprensión o toma de decisiones.

Discapacidad mental o psicosocial

Está vinculada a condiciones de salud mental que pueden afectar la interacción social, emocional o conductual, y requiere respeto, apoyo y eliminación de estigmas.

Derechos de las personas con discapacidad

Las personas con discapacidad tienen derecho a:

  • Ser tratadas con respeto, dignidad e igualdad.
  • No ser discriminadas por motivo de discapacidad.
  • Acceder a educación inclusiva.
  • Recibir atención en salud y rehabilitación.
  • Trabajar en condiciones justas y accesibles.
  • Participar en la vida política, social, cultural y comunitaria.
  • Recibir ajustes razonables cuando sean necesarios.
  • Acceder a información, comunicación, transporte e infraestructura accesible.
  • Contar con apoyos y salvaguardias para ejercer su capacidad jurídica.

¿Qué hacer ante un acto de discriminación?

Si una persona con discapacidad enfrenta una barrera, maltrato, negativa de atención o discriminación, puede:

  1. Solicitar que se realicen ajustes razonables.
  2. Registrar evidencias del acto discriminatorio.
  3. Presentar una queja ante la entidad pública o privada correspondiente.
  4. Acudir a CONADIS, municipalidades, Defensoría del Pueblo u otras entidades competentes, según el caso.
  5. Solicitar orientación legal cuando se vulneren sus derechos.

Mensaje final

La discapacidad no debe ser motivo de exclusión. Una sociedad inclusiva es aquella que elimina barreras, respeta la diversidad y garantiza que todas las personas puedan desarrollarse con autonomía, dignidad e igualdad de oportunidades.

La inclusión no es un favor: es un derecho.




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La lucha contra la violencia hacia la mujer: un desafío urgente en el Perú

En el Perú, la violencia de género sigue siendo una problemática alarmante que afecta la vida de miles de mujeres diariamente. Según estadísticas recientes, las cifras de agresiones físicas, psicológicas y sexuales colocan al país entre los de mayor incidencia en América Latina. Esta realidad, profundamente arraigada en patrones culturales machistas y desigualdades estructurales, evidencia la necesidad de acciones integrales para proteger a las víctimas y prevenir futuros actos de violencia.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, cada 25 de noviembre, se refuerza el compromiso de visibilizar este problema y promover soluciones efectivas. En este contexto, la Defensoría de la Mujer del Congreso de la República desempeña un rol fundamental al ofrecer servicios gratuitos de asesoría integral. Estos servicios, que incluyen orientación legal, psicológica y social, están diseñados para empoderar a las víctimas, informándoles sobre los mecanismos disponibles para afrontar casos de violencia, como presentar denuncias y solicitar medidas de protección.

La atención psicológica proporcionada es crucial para mitigar el impacto emocional que genera la violencia, ayudando a las mujeres a recuperar su autoestima y estabilidad emocional. Por su parte, la asesoría legal no solo guía a las víctimas en el proceso judicial, sino que también les brinda herramientas para ejercer sus derechos con confianza. Estos servicios no solo asisten a las mujeres afectadas, sino que también contribuyen a erradicar la normalización de la violencia en la sociedad peruana.

En conclusión, la labor de oficinas estatales como la Defensoría de la Mujer es vital para combatir la violencia de género y ofrecer apoyo a quienes más lo necesitan. Su compromiso con la protección, información y empoderamiento de las mujeres es un paso firme hacia una sociedad más justa e igualitaria. Estos servicios gratuitos representan un recurso invaluable para construir un futuro en el que todas las mujeres puedan vivir libres de violencia y miedo.

 

       

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