CREYENTES en la primacía de la persona humana y en que todos los seres humanos, iguales en dignidad, tienen derechos de validez universal, anteriores y superiores al Estado;

CONSCIENTES en la necesidad de construir un sentimiento constitucional que impulse la solidaridad entre quienes comparten diferentes períodos históricos de vida, y que las generaciones presentes deben asumir una responsabilidad con las futuras, para fortalecer la personalidad histórica de la Patria, fundada en los valores éticos, cívicos y democráticos; de defender su patrimonio cultural; y, de asegurar el respeto humano al medio ambiente y los recursos naturales;

RESUELTOS a promover la creación de una sociedad justa, libre y solidaria, sin explotados ni explotadores, exenta de toda discriminación por razones de sexo, raza, credo, condición social o cualquier otra índole, donde la Economía esté al servicio de la persona y no la persona al servicio de la Economía;

DECIDIDOS a fortalecer un Estado constitucional, democrático y social, basado en la voluntad popular y en su libre y periódica consulta; que garantice el pluralismo y la tolerancia política y social, a través de instituciones representativas y legítimas, la plena vigencia de los derechos humanos; la independencia y la unidad de la República; la integridad territorial; la dignidad creadora del trabajo; la participación de todos en la satisfacción de las necesidades básicas espirituales y materiales; la superación del subdesarrollo y la injusticia; el sometimiento de gobernantes y gobernados a la Constitución y la ley, y; la efectiva responsabilidad de quienes ejercen función pública;

CONVENCIDOS de la necesidad de promover una sociedad dinámica y abierta a formas superiores de convivencia así como de la integración de los pueblos, apta para recibir y aprovechar el influjo de la revolución científica, tecnológica, económica, social y cultural que trasforma el mundo, enmarcada en el respeto y promoción de los derechos humanos.

CONSCIENTES de la fraternidad de todas las personas y de la necesidad de excluir la violencia como medio de procurar la solución a los conflictos internos e internacionales:

EVOCANDO las realizaciones de nuestro pasado pre-inca e inca; la fusión cultural y humana cumplida durante el virreinato hispánico y la República; la gesta de los Libertadores de América que inició en el Perú Túpac Amaru y aquí culminaron San Martín y Bolívar; así como las sombras ilustres de los fundadores de la República y de todos nuestros próceres, héroes y luchadores sociales; y el largo combate del pueblo contra las autocracias por alcanzar un régimen de libertad y justicia social.

1. Un título inicial que defina los principios fundamentales.- Las Constituciones del Perú no han contado con un título inicial que agrupe a los principios fundamentales que las orientan. En cambio, las últimas Constituciones de América Latina (Bolivia, Colombia, Paraguay, Brasil, Ecuador, Chile y Nicaragua) suelen contar con uno. Esto también ocurre con las constituciones europeas occidentales (España, Portugal, Alemania e Italia), así como con las nuevas constituciones europeas orientales (Rusia, Bielorrusia, Polonia y las Repúblicas Bálticas).

2. Principios fundamentales.- Se propone la inclusión de diez principios que puedan desarrollar los temas que a continuación se presentan.

2.1. Dignidad de la persona humana.

2.2. Derechos fundamentales.

2.3. Orden democrático.

36. Universidades.- La educación universitaria tiene como fines la formación profesional, la investigación científica y tecnológica, la creación intelectual y artística, y la difusión cultural, en el marco del respeto de los derechos humanos y los valores democráticos. El Estado garantiza la libertad de cátedra y rechaza la intolerancia.

Las Universidades se crean por la ley. Pueden ser promovidas por entidades privadas o públicas. Son autónomas en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Se rigen por la ley y sus estatutos.

La Universidad es la comunidad de profesores, alumnos y graduados. En el caso de las universidades privadas participan también en el gobierno los representantes de los fundadores o de los promotores.

37. Derecho al trabajo.- El trabajo es un derecho y un deber social. A través de él, la persona se realiza y sirve a la comunidad. Asimismo, brinda la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente escogida o aceptada.

53. Derecho de acceder a la jurisdicción supranacional y al cumplimiento de sus decisiones.- Reconocer que toda persona tiene derecho, en los términos establecidos por los tratados sobre derechos humanos suscritos por el Estado peruano, a dirigir peticiones o quejas ante los organismos internacionales creados para tales fines, con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos. El Estado debe adoptar las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los organismos internacionales a cuya competencia se encuentra sometido.

54. Derechos de las organizaciones de personas.- Reconocer la titularidad del ejercicio de los derechos fundamentales, en lo que les resulte aplicable, a las organizaciones de personas, comprendiendo dentro de ellas a las personas jurídicas.

55. Regulación de los derechos fundamentales.- Las leyes orgánicas que desarrollen los derechos fundamentales respetarán su contenido esencial.

56. Cláusula abierta en materia de derechos humanos.- Precisar que la enumeración de los derechos reconocidos por la Constitución y los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no excluye a los demás que derivan de la dignidad del ser humano y del Estado Social y Democrático de Derecho.

1. Riqueza. La riqueza debe estar siempre subordinada al interés social, y el ejercicio de cualquier actividad económica no debe ser lesivo a los derechos fundamentales.

En el proceso de creación de la riqueza, tanto la persona como su trabajo e iniciativa deben tener un rol preeminente.

2. Rol del Estado. La intervención del Estado en la economía debe estar debidamente delimitada como garantía esencial para todos las personas y los agentes económicos en especial. Sin embargo, ello no debe interpretarse como ausencia o renuncia a actuar, mas debe priorizar su actuación, promoviendo el desarrollo económico, regulando la actuación de los agentes, y buscando nivelar positivamente las desigualdades, haciendo posible el logro de un nivel aceptable de vida para los menos privilegiados, con el objeto que puedan gozar de los beneficios de una sociedad moderna.

3. Cooperación Internacional. El Estado debe promover la cooperación entre los pueblos para alcanzar un orden económico internacional justo.

4. Economía social de mercado. La iniciativa privada es libre y se ejerce en una economía social de mercado que es un sistema que funciona según las reglas del mercado, en el cual el Estado interviene para complementar su funcionamiento y ofrecer seguridades sociales mínimas.

5. Derechos y rol subsidiario. Los derechos a la propiedad privada, a la libertad de empresa, a la libertad de contratación y al trabajo, así como el respeto a los consumidores y usuarios, deben ser los cimientos fundamentales sobre los que se construye un sistema económico moderno y equitativo, en el cual el Estado tiene un rol subsidiario.

6. Libertad de empresa. Debe ser entendida como derecho de todas las personas a participar en la vida económica de la nación, es decir, como un derecho subjetivo que los poderes públicos tienen la obligación de respetar y también de promover, a fin que esta libertad sea efectiva y real. Empero, para que exista una efectiva libertad de empresa, se requiere que el Estado garantice el libre acceso al mercado.

7. Intervención excepcional del Estado. El Estado podrá intervenir en situaciones de carácter excepcional, coyuntural o temporal, ejerciendo funciones de suplencia, cuando no existe el mercado, o cuando éste se vea gravemente amenazado por su propia debilidad. En situaciones de emergencia económica, calamidad pública o por razones ecológicas, el Presidente de la República está facultado para dictar Decretos de Urgencia, siempre de duración transitoria, que deben guardar relación directa con las causas que los motivan.

8. Promoción de la libre competencia. El Estado debe promover la libre y leal competencia, tanto interna como externa, con el fin de garantizar a las personas mayores y mejores opciones. Asimismo, debe corregir las prácticas que la restringen y sancionar los abusos de las posiciones de dominio, evitando la sobre regulación de carácter adjetivo tanto del Gobierno Central como de los gobiernos departamentales y municipales. El Estado puede establecer mecanismos de fiscalización de los procesos de concentraciones empresariales.

9. Derechos intelectuales. El Estado debe promover y proteger por diversos medios, la innovación y la creatividad en todas sus formas al igual que las manifestaciones y los resultados de la investigación científica y tecnológica, así como el reconocimiento de aquellos otros conocimientos trasmitidos de generación en generación que puedan tener incidencia en una mejora en la calidad de vida.

10. Servicios públicos. El Estado, mediante ley, determina qué actividades esenciales para la vida en sociedad pueden ser consideradas como servicios públicos. Asimismo, se encuentra obligado a supervisar su funcionamiento dentro de los marcos regulatorios correspondientes, alentando su gestión por la empresa privada y previendo la participación efectiva de las asociaciones de usuarios, con el objeto de garantizar que sean ofrecidos con oportunidad, calidad y transparencia.

11. La protección de los consumidores y usuarios. El Estado debe promover y proteger el interés de los consumidores y usuarios, exigiendo el cumplimiento de los derechos que la ley les otorga, en especial los vinculados a su seguridad, salud, educación e información oportuna y veraz, combatiendo cualquier clase de discriminación.

12. Derecho de propiedad. Debe reconocerse las distintas modalidades de propiedad, las que deberán usarse de conformidad con el interés social. La expropiación, previo pago de indemnización justipreciada, sólo será procedente por causas justificadas de necesidad pública o de interés social declaradas por ley. Esta declaración no podrá ser cuestionada judicialmente.

13. Organismos reguladores. Los organismos reguladores deberán tener autonomía funcional y técnica y actuar dentro del marco jurídico correspondiente.

14. Planeación estratégica de las acciones estatales. Las inversiones estatales y las acciones gubernamentales en el ámbito económico deben responder a un Plan Estratégico, que debe presentar el Gobierno al Congreso al inicio de su gestión, y que debe tener su correlato en los presupuestos anuales, con el objeto de que la ciudadanía conozca con antelación de aquéllas, así como su evolución anual.

15. Modalidades empresariales. Se propone reconocer las diversas modalidades empresariales mediante una legislación adecuada; y dar igual trato a todas para acceder al mercado. La Constitución debe garantizar la libre creación, administración y finalización de tales modalidades empresariales conforme lo determinen la ley, sus propietarios o gestores.

16. Comercio e inversión extranjera. El comercio interno y externo debe ser libre. La inversión extranjera debe estar garantizada y recibir en nuestro país el mismo trato que el que recibe la nuestra en otros países o en procesos de unificación política y económica.

Se sugiere que la Ley señale el límite máximo de la inversión minoritaria extranjera en los medios de comunicación que emplean el espectro electromagnético.

17. Prohibición del monopolio o acaparamiento de la prensa y los medios de comunicación. Se propone mantener la prohibición del monopolio o acaparamiento por parte del Estado o de los particulares, en lo que se refiere a la prensa y a los medios de comunicación, como una garantía esencial para el ejercicio de la libertad de expresión y del funcionamiento del sistema democrático. Ninguna persona podrá ser propietaria de más de una frecuencia radial o televisiva en una misma provincia del país.

18. Jurisdicción y arbitraje en contratos del Estado. En todo contrato del Estado y de las personas jurídicas estatales con extranjeros domiciliados, se sugiere que conste el sometimiento a las leyes y órganos jurisdiccionales de la República, así como su renuncia a toda reclamación diplomática. Pueden ser exceptuados de la jurisdicción nacional los contratos de carácter financiero.

El Estado y las demás personas jurídicas estatales pueden someter sus controversias a tribunales arbitrales constituidos en virtud de tratados en vigor, siempre que se trate de materias que no afecten la soberanía, dominio o integridad del Estado.

1. Naturaleza de los recursos naturales. Se sugiere afirmar que los recursos naturales son bienes de dominio público. Mediante ley orgánica se regula la utilización y conservación de los recursos naturales.

2. Medio ambiente. Se debe enfatizar la preservación del ambiente como un patrimonio de las generaciones presentes y futuras. El Estado deberá tener una política a este respecto y promover el uso sostenible de los recursos naturales.

3. Diversidad biológica. El Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas.

4. Explotación por particulares. La titularidad del Estado sobre los recursos naturales es compatible con el otorgamiento de su explotación a los particulares mediante el régimen de concesión.

5. Canon. Los gobiernos departamentales y locales tienen participación económica en la explotación de los recursos naturales, de acuerdo a ley.

1. Derecho de propiedad. Se recomienda reconocer las distintas modalidades de propiedad, las que deberán usarse de conformidad con el interés social. La expropiación debe, previo pago de indemnización justipreciada, solo será procedente por causas justificadas de necesidad pública o de interés social declaradas por ley. Esta declaración no podrá ser cuestionada judicialmente.

2. Limitación a la propiedad de extranjeros. Dentro de cincuenta kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer, por ningún titulo, minas, tierras, bosques, aguas, combustible ni fuentes de energía, directa ni indirectamente, individualmente ni en sociedad bajo pena de perder, en beneficio del Estado, el derecho adquirido. Se exceptúa el caso de necesidad nacional declarada por ley expresa

3. Bienes de domino público. Los bienes de dominio público gozan de los caracteres de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad. Son bienes de dominio público aquellos que determine la ley, y en todo caso, las playas, los parques, las vías públicas, los ríos, los recursos naturales, el espectro electromagnético y las denominaciones de origen. La explotación económica de los bienes de dominio público puede ser otorgada a los particulares mediante concesión, conforme a ley, la cual establecerá las condiciones requisitos y plazos.

1. Potestad tributaria.- En la medida que la organización del Estado contempla distintos poderes y niveles de gobierno, se sugiere que la potestad tributaria debe estar repartida entre el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, y los Gobiernos Locales. Para los Gobiernos Departamentales, en su caso, debe contemplarse una participación en los ingresos tributarios del Gobierno Central.

2. Delegación de facultades legislativas e improcedencia de dictar decretos de urgencia. Se plantea que sobre la materia tributaria de su competencia el Poder Legislativo podrá delegar, temporalmente, en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, mediante decretos legislativos.

En ningún caso se podrán dictar decretos de urgencia referidos a materia tributaria

3. Destino de los ingresos impositivos. Se sugiere que sean ingresos del Gobierno Central los impuestos que afectan las rentas o ingresos y el consumo.

Se recomienda que sean ingresos de los Gobiernos Locales los impuestos patrimoniales. Asimismo, se propone que los Gobiernos Departamentales tengan participación en los impuestos a las rentas o ingresos y los Gobiernos Locales en los impuestos al consumo.

4. Gobiernos Locales.- Se plantea que sean de competencia de los Concejos Municipales la creación, modificación o supresión de las contribuciones y tasas municipales, conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades.

Las tasas y contribuciones creados por los Concejos de las Municipalidades Distritales, para su vigencia, deben ser ratificados por el correspondiente Concejo de la Municipalidad Metropolitana o Provincial, en su caso, dentro del plazo que establezca la Ley Orgánica de Municipalidades.

El instrumento legal de aprobación de los tributos municipales es la ordenanza.

5. Límites al ejercicio de la potestad tributaria.- La potestad tributaria, para ser legítima, tiene que ser ejercida respetando los derechos fundamentales de las personas, lo cual se garantiza mediante la incorporación de principios de observancia obligatoria.

Se sugieren los siguientes principios deben ser:

6. Inconstitucionalidad de las normas tributarias.- Se propone establecer que las normas tributarias declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, son nulas a partir de su dación con la correspondiente obligación del Estado de devolver lo recaudado indebidamente.

7. Vigencia de las normas tributarias en el tiempo.- Las modificaciones a los tributos de carácter periódico rigen a partir del primer día siguiente al del vencimiento del período en curso. Las normas tributarias no pueden tener efecto retroactivo, salvo la retroactividad benigna en materia de sanciones.

8. Prohibición que la Ley de Presupuesto contenga normas tributarias.- En la Constitución de 1979 y en la de 1993 existe esta prohibición, respecto de la cual se propone mantenerla, pues la Ley de Presupuesto sólo debe contener disposiciones vinculadas con la fijación de gastos y la previsión de ingresos

9. Inmunidad impositiva para universidades, institutos superiores y demás centros educativos estatales y privados sin fines de lucro.- Se sugiere conceder inmunidad impositiva respecto del Impuestos a la Renta e Impuesto a los Ingresos; de lo impuestos patrimoniales en cuanto a los bienes en los que desarrollan su actividad educativa, cultural y administrativa; de los impuestos a la importación (aranceles) en cuanto se trate de bienes destinados a fines educativos; y, de los impuestos al consumo sobre ingresos obtenidos en retribución a sus actividades educativas y culturales.

1. Garantía sobre el pago de la deuda pública.- Se sugiere que el Estado sólo garantice la deuda contraída por gobiernos constitucionales.

2. Principio de legalidad.- El endeudamiento interno y externo debe requerir autorización del Congreso, salvo para el caso de las Municipalidades Metropolitanas y Provinciales. En este caso la autorización debe ser concedida por el respectivo Concejo de la Municipalidad (ordenanza), con cargo a sus recursos.

3. Proporcionalidad en el pago de la deuda pública.- Se propone que en los presupuestos se incluya partidas para el servicio de la deuda pública tanto interna como externa y respetar la proporcionalidad que corresponda, teniéndose en consideración el monto y vencimiento.

También se incluye la partida necesaria para atender el pago de las obligaciones patrimoniales determinadas por laudos y sentencias judiciales firmes.

1. Programa financiero anual.- La administración económica y financiera del Estado, durante cada año, se rige por el presupuesto del sector público, que debe ser previamente aprobado por el Congreso.

2. Principio de legalidad.- se sugiere que tanto el presupuesto anual, como las modificaciones que sean necesarias durante su ejecución, se rigen por el principio de legalidad.

3. Contenido de la Ley de Presupuesto.- Se plantea que el presupuesto se limite a calcular los ingresos y autorizar los gastos. Por tanto, no debe contener materia ajena a la presupuestaria. Si bien no debe incorporar normas tributarias, sí debe consignarse el importe de las exoneraciones y beneficios tributarios que afectan a los tributos del Gobierno Central, como información sobre el sacrificio fiscal que ellas implican.

4. Proyecto.- Se plantea que el proyecto se elabore por el Poder Ejecutivo y se presente al Congreso. La Constitución puede establecer que el Presidente de la República presentará el proyecto al Congreso el 31 de agosto de cada año. El Poder Judicial presenta su proyecto de presupuesto al Poder Ejecutivo, a fin que éste lo remita al Congreso.

5. Equilibrio presupuestal.- Dado que la Ley de Presupuesto es de naturaleza temporal (un año) y no puede crear recursos, se sugiere que los proyectos de leyes, que se requieran para su adecuado financiamiento, deben presentarse conjuntamente al proyecto de la Ley de Presupuesto. El presupuesto debe estar equilibrado.

6. Aprobación del Presupuesto.- Se propone que si el Congreso no aprueba hasta el 30 de noviembre la Ley de Presupuesto y los proyectos de ley para su financiamiento, el Presidente de la República mediante decreto legislativo pone en vigencia todos los proyectos mencionados. El Presidente de la República no puede observar la Ley de Presupuesto.

7. Prohibición para crear o aumentar gastos.- Se recomienda, dada la naturaleza del presupuesto, mantener la norma contenida en las constituciones de 1979 y 1993, en el sentido que los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos.

8. Contratación de obras y adquisición de suministros.- La contratación de obras y la adquisición de bienes o servicios con utilización de fondos o recursos públicos se ejecutan obligatoriamente a través de los procedimientos administrativos públicos y transparentes establecidos por la ley.

1. Del régimen de la Contraloría General.- La Contraloría General es la autoridad superior y rectora del Sistema Nacional de Control. Supervisa el funcionamiento de sus órganos conformantes. Ejerce el control de la legalidad de la ejecución financiera y del resultado de las metas de los presupuestos de las entidades del Estado, de las operaciones de la deuda pública, de la utilización de los bienes y recursos públicos.

2. Designación del Contralor.- Se sugiere que el Contralor General se designe por el Senado por un período de seis años con el voto aprobatorio de los dos tercios de sus miembros. El Senado puede al Contralor General por falta grave, requiriéndose votación de los dos tercios de sus miembros.

La ley orgánica establece la organización, atribuciones y responsabilidades del Sistema Nacional de Control y los requisitos para ser Contralor General.

3. De la Cuenta General.- La Cuenta General, acompañada por las memorias de los titulares de cada pliego, es remitida al Congreso por el Presidente de la República, el 30 de junio del año siguiente al de la ejecución presupuestal.

La Contraloría General, a más tardar el 31 de agosto del mismo año, presenta al Congreso el informe de desempeño y auditoría.

La Cuenta General es examinada y dictaminada por una comisión revisora del Congreso que siguiendo los trámites señalados para el presupuesto recibirá el pronunciamiento del pleno a más tardar el 10 de noviembre del mismo año.

El Congreso puede formular observaciones y reservas a la Cuenta General. En este caso, el Ejecutivo dispone de un plazo de sesenta días para subsanarlas; luego del cual con el informe de la Contraloría General, el Ejecutivo la remite nuevamente al Congreso para su pronunciamiento en la segunda legislatura ordinaria a más tardar el 20 de abril.

1. Regulación monetaria.- La regulación monetaria está a cargo del Estado y se ejerce por intermedio del Banco Central de Reserva del Perú. Por tratado de integración económica podrá establecer un orden monetario común.

2. Autonomía del Banco Central de Reserva.- Se propone potenciar al máximo la autonomía funcional del Banco Central de Reserva para resguardar la estabilidad monetaria. La autonomía funcional, debe ejercerse en coordinación con la política macroeconómica del Gobierno, en el marco de la ley orgánica respectiva.

La información sobre el estado de las finanzas nacionales debe ser efectuada por el Banco Central ante el Poder Legislativo, semestralmente.

3. Designación.- Se sugiere que el Poder Ejecutivo designe a un número importante pero minoritario de miembros del Directorio, y que el Senado designe a los otros miembros, para lo cual se retoma lo señalado por la Carta de 1979. Corresponde al Senado la remoción de cualquiera de los miembros del Directorio, con el voto de los dos tercios del número legal de sus miembros.

4. Superintendencia de Banca y Seguros.- Se plantea mantener lo preceptuado en la Constitución de 1979 en lo referente al Superintendente de Banca y Seguros, el cual es designado por el Poder Ejecutivo y luego ratificado por el Senado.

1. De la promoción del agro. Dada la importancia social y económica del agro, teniendo además en cuenta la evolución científica y tecnológica, se sugiere establecer la obligación por parte del Estado de promover el desarrollo agrario como instrumento de mejora de la calidad de vida de todos los peruanos.

2. De la propiedad en el agro. Se plantea que el Estado garantice el régimen de propiedad de la tierra, bajo diversas modalidades, sea privada, comunal, cooperativa o asociativa. Mediante ley se debe normar sobre abandono de tierras según previsión legal y en forma excepcional limitar la extensión de la propiedad conforme a las peculiaridades de ciertas regiones.

3. Del catastro agrario. Se sugiere que el Estado cree y actualice un catastro agrario, tal como se ha hecho en la minería, a fin de establecer un sistema de titulación que garantice y haga posible que la tierra sea plenamente transferible y gravable a terceros. El objeto de la propuesta consiste en facilitar no sólo la inversión directa por el agricultor sino el crédito agrario hoy inexistente o de niveles muy reducidos.

4. De los conflictos entre actividades. La ley debe regular los procedimientos que resuelvan conflictos entre las actividades agropecuarias y mineras, o de cualquier otra índole

1. Sistema bicameral. Se propone un sistema parlamentario bicameral. La Cámara de Diputados está integrada por ciento cincuenta (150) representantes, con atribuciones legislativas, de fiscalización y de control político, pero con una mejor precisión, ámbito y ejercicio de cada una de ellas, para evitar duplicaciones y hacer que prime como orientación la especialización funcional de cada Cámara.

El Senado tiene cincuenta (50) senadores y su función es de revisión de las leyes, de ratificación de los nombramientos de los oficiales de más alto rango de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, de los Embajadores acreditados en el exterior, así como del Contralor General, del Presidente del Banco Central de Reserva y del Superintendente de la Banca y Seguros.

A la Cámara de Diputados le corresponde acusar a los funcionarios aforados, vale decir los que tienen derecho al antejuicio, quedando a cargo del Senado declarar si ha lugar o no a la formación de causa. Se deja a decisión del Ministerio Público formular la denuncia respectiva, de acuerdo a la tipicidad penal.

Aunque en materia legislativa es la Cámara de Diputados la que inicia la aprobación de las leyes, tanto los diputados y senadores pueden proponerlas, pero éstos lo hacen, necesariamente, ante dicha Cámara. Se concede, también, el derecho de iniciativa legislativa al Presidente de la República y, en los asuntos de su competencia, a la Corte Suprema, al Tribunal Supremo Electoral, al Tribunal Constitucional, al Consejo Nacional de la Magistratura, al Defensor del Pueblo, a las Juntas Departamentales y Municipales, a los Colegios Profesionales y, obviamente, a la ciudadanía.

Se incorporan actividades conjuntas, como por ejemplo, la discusión y aprobación del Presupuesto anual de la República en sesiones del Congreso, la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional o la del Defensor del Pueblo, así como, en su caso, la remoción de los mismos. Tanto para el nombramiento, como para la remoción por causa grave, se sugiere establecer la mayoría calificada de dos tercios del número legal de senadores y diputados.

Se incluye un mecanismo de coordinación entre ambas cámaras, que perfeccione y mejore la antigua Comisión de Conferencia y Conciliación. Esta comisión propone la solución de los impasses que podrían surgir entre ambas cámaras.

En síntesis, el Congreso tiene similitud con el de la Constitución de 1979, pero con un perfil más diferenciado entre las Cámaras, puesto que cada una de ellas asume funciones propias y aquellas que implican un procedimiento bicameral, el cual tiene en la propia Constitución el mecanismo que evite dilaciones y resuelva confrontaciones (Comisión de Conferencia).

2. Forma de elección. Se propone que los diputados sean elegidos por circunscripciones electorales que pueden tener como base los actuales departamentos, pero buscando fórmulas que combinen mejor los criterios de territorio y población para una mejor representación. En cambio, los senadores son elegidos por distrito nacional, debido a que ello permite que el criterio de representación atienda por un lado a la participación local y, por otro lado, a una visión integral de la marcha de la Nación.

3. Requisitos e impedimentos de la función de los Senadores o Diputados. Se sugiere mantener los que establece la Constitución de 1979.

4. Duración y renovación de las Cámaras. Eliminación de la disolución. El mandato parlamentario es de cinco años, pero la Cámara de Diputados se renueva por mitades cada dos años y medio. Esta opción hace innecesaria la revocatoria y la disolución de la referida cámara.

5. Reelección de Senadores y Diputados. Se propone mantener el criterio de reelección indefinida, por cuanto los senadores y diputados no manejan recursos públicos y debido a que históricamente no más del veinte por ciento de los parlamentarios son reelegidos; asimismo, ello permite combinar la experiencia con la renovación en beneficio del país.

6. Mandato renunciable. Se plantea que el parlamentario pueda renunciar al mandato, en cuyo caso es reemplazado por el accesitario.

7. Inmunidades. Se propone restringir el concepto tradicional de inmunidades. Este privilegio culminará cuando cesan en el cargo. Los Senadores y Diputados no gozan del antejuicio sino simplemente del fuero.

8. Legislaturas. Se recomienda establecer en el texto constitucional que el Congreso funciona en dos legislaturas ordinarias por cada año legislativo, una con duración de cuatro meses y medio, y la otra de tres meses. Asimismo, el Parlamento se reúne en legislatura extraordinaria, para temas específicamente determinados, por convocatoria del Presidente de la República o, mediando acuerdo de la Comisión Permanente, del Presidente del Congreso, y, por auto convocatoria, cuando se lo solicita la mayoría absoluta de sus miembros.

9. Comisión Permanente. La Comisión Permanente tiene las atribuciones que le asignó la Constitución de 1979 y, por ende, sin delegación de facultades legislativas. Esta Comisión cumple determinadas funciones durante el interregno entre las legislaturas ordinarias. Durante el funcionamiento de la legislatura extraordinaria mantiene su actividad la Comisión Permanente.

10. Reglamento del Congreso. Se propone que el texto constitucional señale una pauta general conforme a la cual se desarrollen los reglamentos de las Cámaras Legislativas, a efecto de no desvirtuar las funciones asignadas constitucionalmente a ellas y se garantice un adecuado trabajo de comisiones y debate legislativo.

11. Antejuicio. Se recomienda mantener, como hechos punibles, la infracción constitucional y los delitos de función. Se suprime la inhabilitación hasta por diez años, que puede ser objeto de excesos de carácter político. Empero, se mantiene la suspensión temporal de los funcionarios sujetos a proceso.

El listado de los funcionarios que tienen el privilegio del antejuicio se determina de acuerdo a lo señalado en la Carta de 1979.

Se sugiere que los Senadores y Diputados no tengan derecho al antejuicio, pero si gozan de inmunidad.

El Presidente de la República podrá ser acusado, durante su período, por todo delito que cometa. El plazo de prescripción de la acción penal se computa desde el día siguiente a la conclusión de su mandato. Idéntico criterio se aplica a los funcionarios que tiene fuero.

12. Atribuciones legislativas. La propuesta plantea que se precise las atribuciones legislativas y las relaciones con otros órganos del Estado que tienen atribuciones normativas, debiendo establecerse los criterios básicos del procedimiento legislativo.

Se sugiere determinar también la capacidad del Congreso para velar por el respeto de la Constitución y de las leyes, así como disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores.

Se propone preservar la institución de la "dación de cuenta" para revisar los actos normativos del Presidente de la República. Deben mantenerse las demás atribuciones establecidas en el artículo 186° de la Constitución de 1979.

Tanto los senadores como los diputados mantienen la facultad de pedir informes sobre los asuntos públicos a los Ministros y a los demás funcionarios que determine la ley.

13. Delegación de facultades legislativas. La delegación de facultades legislativas debe hacerse en la forma prevista por la Constitución de 1979. No pueden ser materia de delegación las leyes de reforma de la Constitución, la aprobación de tratados internacionales, las leyes orgánicas, y ley de presupuesto, Ley de la Cuenta General de la República y leyes en materia penal.

El uso de la facultad delegada agota la habilitación.

14. Leyes orgánicas. Se propone que las leyes orgánicas sean las que regulen la estructura y funcionamiento de las entidades del Estado previstas en la Constitución, así como las materias que disponga la propia Carta Fundamental. Se tramitan como cualquier ley, pero para su aprobación se requiere del voto conforme de más de la mitad del número legal de cada cámara.

15. Comisiones investigadoras. El Congreso, a través de la Cámara de Diputados, mantiene sus atribuciones de fiscalización. Se propone que para aprobar la creación de una comisión investigadora se requiera sólo el voto de un tercio del número legal de Diputados. En estas comisiones se actúan los medios probatorios a pedido de un tercio de sus miembros.

16. Interpelación y censura. La atribución del control político (interpelación y censura) queda asignada a la Cámara de Diputados, sin que ello impida al Senado debatir asuntos políticos, pero sin efectos vinculantes. Para acordar la interpelación se requiere sólo el voto de un tercio del número legal de Diputados.

17. Leyes de amnistía. No procede la amnistía, cuando ésta sea contraria a los convenios internacionales sobre derechos humanos. Tampoco en favor de los altos funcionarios pasibles de antejuicio, por delitos cometidos durante el propio período de gobierno.

18. Regímenes de excepción. Al Senado le corresponde conocer los regímenes de excepción declarados por el Presidente de la República. Toda prórroga del régimen de excepción requiere necesariamente la ratificación del Senado.

19. Promulgación de las leyes. No existe la promulgación parcial de una ley. La observación total o parcial de ésta por parte del Presidente de la República debe tramitarse y resolverse ante el Congreso antes de su promulgación.

1. Definición de Presidente. Se propone mantener la definición del Presidente de la República como Jefe de Estado, el mismo que representa a la Nación y que tiene a su cargo el Poder Ejecutivo, eliminando la expresión "y personifica a la nación".

2. Requisitos para acceder a la Presidencia. Se sugiere mantener los requisitos señalados en la Constitución de 1979.

3. Elección del Presidente de la República. El Presidente de la República se elige por sufragio directo.

Para ser elegido Presidente de la República se requiere obtener la mitad más uno de los votos válidos. No se consideran los votos nulos ni los votos en blanco.

Si ninguno de los candidatos alcanza la mayoría absoluta, se procederá a una segunda elección entre los dos candidatos más votados, salvo que el primero hubiera obtenido más del cuarenta por ciento de los votos válidos y diez puntos porcentuales de diferencia sobre el segundo candidato.

4. Duración del cargo. El período presidencial es de cinco años. Se prohíbe toda forma de reelección.

Debería incluirse una disposición transitoria que señale que este artículo no afecta a quienes ya han ejercido la Presidencia o a quien la esté ejerciendo al momento de aprobarse la reforma constitucional.

5. Ex Presidentes Constitucionales: Senadores vitalicios. Se sugiere que los ex Presidentes Constitucionales de la República, que no han sido objeto de destitución, abandono de cargo, sentencia firme, incapacidad permanente física o mental, o conducta incompatible con la dignidad del cargo, sean senadores vitalicios supernumerarios. La presencia de los ex Presidentes es importante, pues pueden contribuir al sistema político con su experiencia e influencia moral en la opinión pública.

6. Vicepresidencia. Se considera conveniente que sólo haya un Vicepresidente de la República y que el que sea elegido como tal se incorpora al Senado, con las mismas atribuciones que la Constitución confiere a los senadores.

7. Vacancia. Las causales de vacancia de la Presidencia de la República son, además del caso de muerte:

En los casos de los incisos a), b) y c) se requiere mayoría simple de votos; y en los casos de los incisos d) y e) se necesitan dos tercios del número legal de senadores y de diputados.

La fórmula propuesta elimina las restricciones establecidas en el artículo 117° de la Constitución de 1993, como la del artículo 210º de la de 1979.

8. Atribuciones del Presidente. Se sugiere que se mantengan sin modificación los incisos 1), 2), 3), 4), 6), 7), 8), 10), 11), 14), 15), 16), 22) y 26) del artículo 211º de la Constitución de 1979.

Asimismo, se plantean las siguientes atribuciones adicionales perfeccionando las normas de la Constitución de 1979:

Se sugiere que las atribuciones de los incisos 21 (aprobar los planes nacionales de desarrollo), 24 (conferir condecoraciones a nombre de la Nación) y 25 (autorizar a los peruanos para servir en ejército extranjero), pasen al Consejo de Ministros.

9. Presidente del Consejo de Ministros. Se propone que el Presidente del Consejo de Ministros debe ser un ministro sin cartera. Dicho funcionario debe tener a su cargo las relaciones entre el Gobierno y el Congreso, la coordinación con los gobiernos departamentales y locales, los planes nacionales de desarrollo, así como la ejecución de la política general del gobierno y de las medidas relativas al orden interno y la seguridad exterior de la República.

10. Concurrencia a la Cámara de Diputados. El nuevo gabinete ministerial concurre ante la Cámara de Diputados para debatir la política general de gobierno. La exposición del gabinete no genera voto alguno

11. Responsabilidad de los Ministros. El Presidente de la República no tiene responsabilidad política. Los Ministros son individualmente responsables por sus propios actos y por los actos presidenciales que refrenden.

1. Estado de Emergencia y Estado de Sitio.- Es conveniente mantener estas dos modalidades del régimen de excepción, como una atribución del Presidente de la República, previo acuerdo del Consejo de Ministros. Se distinguen por la gravedad de las situaciones de hecho que se suscitan.

2. Presupuestos.- El decreto supremo que declara los estados de excepción debe justificar la necesidad de la medida adoptada precisando las razones concretas que lo ameritan en función de la grave situación de hecho presentada. Asimismo, debe respetar los principios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad. Se trata de una medida temporal cuya duración no se extenderá más allá del tiempo de la emergencia y dentro de su respectivo ámbito geográfico.

3. Restricción al ejercicio de derechos constitucionales.- Durante los regímenes de excepción se incrementan las facultades ordinarias del Poder Ejecutivo y se autoriza la restricción de derechos fundamentales. Tratándose del Estado de Emergencia, pueden restringirse el ejercicio del derecho a no ser detenido (salvo orden judicial o flagrante delito), a la inviolabilidad del domicilio, a la libertad de tránsito y el derecho de reunión.

En cambio, en el Estado de Sitio, pueden restringirse otros derechos fundamentales. Sin embargo, existen derechos intangibles reconocidos por los instrumentos internacionales sobre derechos humanos y por el derecho internacional humanitario, los cuales no pueden ser objeto de restricción. Entre ellos, se puede señalar el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, la vida, la integridad personal, la prohibición de la esclavitud y servidumbre, a no ser privado de la libertad por incumplimiento de obligaciones contractuales, el principio de legalidad y la prohibición de la retroactividad de las leyes, la libertad de conciencia y religión, la protección a la familia, el derecho al nombre y a la identidad, los derechos del niño, el derecho a la nacionalidad, los derechos políticos, el debido proceso y los instrumentos procesales para proteger tales derechos.

4. Vigencia de los procesos constitucionales y control jurisdiccional.- Los procesos de Hábeas Corpus, Amparo y Hábeas Data no se suspenden durante la vigencia de los regímenes de excepción. Cuando se interponen respecto a los derechos suspendidos, el órgano jurisdiccional competente examina la razonabilidad y proporcionalidad del acto restrictivo. De esta manera, evalúa si las razones que sustentan el acto restrictivo del derecho tienen relación directa con las causas o motivos que justificaron la declaración del régimen de excepción. Asimismo, si el acto restrictivo del derecho resulta manifiestamente innecesario o injustificado atendiendo a la conducta del agraviado o a la situación de hecho evaluada sumariamente por el juez.

5. Intervención de las Fuerzas Armadas.- El Presidente de la República puede disponer de manera excepcional que las Fuerzas Armadas asuman el control del orden interno cuando la Policía Nacional no esté en condiciones de hacerlo ante la gravedad del supuesto de hecho presentado. En ningún caso, las Fuerzas Armadas sustituyen las funciones que corresponden a las autoridades civiles y políticas.

6. Control parlamentario.- El Presidente de la República debe dar cuenta al Senado o a la Comisión Permanente de los estados de excepción decretados o prorrogados dentro de las veinticuatro horas posteriores a su publicación. El Senado puede dejar sin efecto en todo o en parte el decreto que declara un estado de excepción. Asimismo, puede dejar sin efecto la decisión del Presidente de disponer que las Fuerzas Armadas asuman el control del orden interno. La prórroga procede únicamente mediante aprobación del Senado.

Se debe eliminar la referencia a una jurisdicción arbitral ya que técnicamente es inadecuada. Ello no descarta la conveniencia de un reconocimiento constitucional expreso de los diferentes medios alternativos de resolución de conflictos: arbitraje, negociación y conciliación. Por otro lado, en el ámbito de la denominada Justicia Militar, ésta se mantendrá no como un fuero, sino como una instancia especializada autónoma de la judicatura ordinaria, con las características que más adelante se detallan.

1. Autonomía e Independencia. Se recomienda incluir una norma expresa que establezca que los organismos vinculados al servicio de justicia son autónomos e independientes, y que ninguno de los otros Poderes del Estado puede intervenir en su gobierno, administración o gestión.

Esta norma puede resultar técnicamente innecesaria, pero dada la situación reiterada de intromisión del poder político en el sistema de justicia, resulta conveniente la puntualización propuesta.

La duración del mandato de los miembros del órgano de Gobierno es de tres años. No son reelegibles en forma inmediata.

Se considera conveniente que la Constitución establezca la conformación del Consejo de Gobierno pues ella expresa la concepción que se tiene de dicho órgano, evitándose así posteriores y coyunturales distorsiones legislativas. La composición propuesta intenta comprometer a la sociedad civil con el funcionamiento del servicio de justicia y dar cabida a jueces de distintos niveles en una tarea que les incumbe a todos.

5. Elección popular de jueces de paz no letrados. Se recomienda mantener la posibilidad de la elección popular para los jueces de paz no letrados, dejando que la llamada "justicia profesional" sea nombrada en todos sus diferentes grados por el Consejo Nacional de la Magistratura.

El acceso a la justicia profesional requiere de una evaluación técnica que no debe estar sometida a la elección popular, a fin de evitar la politización y la influencia de los grupos de poder económico. En cambio, en el caso del juez de paz no letrado, quien ejerce funciones generalmente en pequeños poblados y no requiere de una capacitación profesional, parece idóneo que la fuente de su legitimidad sea el mismo pueblo que lo conoce directamente, descartándose el sistema de designación por las cortes superiores.

6. Requisitos para ser designado vocal de la Corte Suprema. Se mantienen los mismos requisitos contenidos en la Carta de 1993.

7. Facultades reglamentarias. Se sugiere la inclusión de un precepto constitucional expreso mediante el cual el Consejo de Gobierno del Poder Judicial pueda aprobar reglamentos que regulen las organizaciones y funciones de tan importante institución estatal.

1. Autonomía y funciones. Se recomienda preservar su autonomía institucional. Se propone incorporar entre sus funciones la de dirigir la investigación de los delitos – que no se encontraba presente en la Constitución de 1979 – y, en ese sentido, la lucha contra la corrupción.

2. Consejo de Gobierno del Ministerio Público. Asimismo, las mismas pautas para la configuración del gobierno del Poder Judicial deben seguirse en el Ministerio Público en lo que le sea aplicable. El Presidente del Consejo de Gobierno del Ministerio Público debe presentar y sustentar el proyecto de presupuesto anual ante el Congreso de la República. Específicamente, la composición del Consejo de Gobierno del Ministerio Público estaría conformada de la siguiente manera:

La duración del mandato de los miembros del órgano de Gobierno es de tres años, y sus miembros no son reelegibles en forma inmediata.

3. Facultades reglamentarias. Se sugiere la inclusión de un precepto constitucional expreso mediante el cual el Consejo de Gobierno del Ministerio Público pueda aprobar reglamentos que regulen las organizaciones y funciones de tan importante institución estatal.

1. Funciones. Estimamos que a las funciones actuales deben añadirse las funciones disciplinarias para todos los niveles de la judicatura. Así, el Consejo Nacional de la Magistratura debe, en una sala, ocuparse de la selección y nombramiento de jueces y, en la otra, de las funciones disciplinarias.

El tema de la selección y nombramiento de jueces está íntimamente vinculado a la creación de condiciones de independencia y autonomía. Nos parece importante desvincular - más allá de algunas sustentaciones teóricas en contrario - el nombramiento de jueces de la influencia política. Un organismo como el diseñado, con una adecuada representación de los poderes públicos y de la sociedad civil, parece una opción idónea.

De otro lado, se estima que la experiencia de funciones disciplinarias ejercidas por órganos de control interno tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público, no ha tenido un resultado positivo. Por ello, como existe en otras experiencias latinoamericanas, se plantea el traslado de todas las atribuciones disciplinarias al Consejo Nacional de la Magistratura, sin que ello prive al superior jerárquico de la aplicación de las sanciones que la ley contemple a propósito de la revisión en una instancia superior de un caso concreto.

A propósito del ejercicio de las funciones disciplinarias, el Consejo Nacional de la Magistratura debe evaluar permanentemente la competencia funcional de jueces y fiscales.

2. Composición. Al respecto se recomienda que el Consejo Nacional de la Magistratura se encuentre integrado de la siguiente manera:

Cabe aclarar que junto a cada integrante titular del Consejo, las entidades o instancias a las cuales acabamos de hacer mención también tienen que nombrar a aquellos miembros suplentes que pasan a componer el Consejo en caso de vacancia de sus titulares.

Asimismo, la duración del mandato de los miembros del órgano de Gobierno es de cinco años. Sus miembros son reelegibles en forma inmediata por una sola vez.

La propuesta incrementa el número de miembros del Consejo, ya que sus funciones se han aumentado y se quiere que funcionen dos salas. Mantiene una importante presencia de representantes de la sociedad civil y añade miembros designados por el Presidente de la República y por el Congreso, lo que creemos aumenta su legitimidad.

3. Ratificaciones. Se propone la eliminación de las ratificaciones judiciales entre las funciones del Consejo Nacional de la Magistratura.

El preocupante tema del control de la conducta funcional e idoneidad de los magistrados, la grave situación de crisis de legitimidad y credibilidad en la cual se encontraba -y continúa aún encontrándose- nuestra judicatura ordinaria, así como nuestros fiscales, permitió explicar la introducción de un sistema de ratificaciones judiciales como el que actualmente viene poniéndose en práctica. Sin embargo, siendo hoy otra la coyuntura que deberíamos afrontar, y habiéndose optado por un sistema en el cual las labores de control serán desempeñadas por el Consejo Nacional de la Magistratura, se considera innecesario mantener el polémico sistema de ratificaciones judiciales.

Se busca entonces compatibilizar la necesidad de asegurar ciertas condiciones de estabilidad a juzgadores y fiscales (y por ende, una mayor independencia funcional de estos magistrados y una plena autonomía de sus instituciones) con una indispensable fiscalización de la labor de los mismos, tarea que, según la propuesta, tiene las ventajas de ser constante y está a cargo de una institución que actúa objetivamente. Adicionalmente se cuenta con el privilegio que dicha institución presenta en la configuración de sus decisiones, existe una importante participación de la sociedad civil.

4. Academia de la Magistratura. Se propone, sin desconocer su autonomía funcional, que pase a formar parte del Consejo Nacional de la Magistratura y que se elimine de la Constitución cualquier mención que la vincule a ser necesariamente un requisito previo para acceder a la judicatura.

Se considera que lo más adecuado, de acuerdo a las funciones tanto del Consejo Nacional de la Magistratura como de la Academia, es colocar a ésta vinculada al Consejo. De otro lado, nos parece que los estudios en la Academia no deben ser requisito previo para acceder a la judicatura. La Academia debe estar orientada a reforzar la formación de quienes ya han sido seleccionados como magistrados y como paso previo a asumir el cargo. Asimismo, la Academia debe permitir estudios de perfeccionamiento a los jueces y fiscales.

1. Instancia especializada autónoma de la judicatura ordinaria. Competencia. El ámbito de la llamada justicia militar se mantendrá como una instancia especializada autónoma de la judicatura ordinaria la cual, bajo ningún concepto, juzga a civiles ni a militares en situación de retiro, limitándose únicamente a procesar a militares que hayan cometido delitos de función castrense. Los fallos de la máxima instancia a nivel militar puedan ser impugnados mediante recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la República, cuyas características y alcances serán determinados por la ley.

Esta propuesta se engarza con la reformulación antes planteada de los principios de unidad y exclusividad de la función jurisdiccional, enmarcándose dentro del replanteamiento del rol y posición de las Fuerzas Armadas en el marco constitucional.

2. Selección de jueces. Los juzgadores en materia castrense deben ser designados por el Consejo Nacional de la Magistratura a propuesta del Comando Militar, por un plazo de tres años prorrogables, entre oficiales en retiro, abogados asimilados a las Fuerzas Armadas y oficiales en actividad.

Esta propuesta se inserta dentro del propósito general de someter al poder civil lo relativo a la designación de los jueces militares, asegurando su imparcialidad.

Instancia especializada autónoma de la judicatura ordinaria. Competencia. Se propone una organización jurisdiccional autónoma de la judicatura ordinaria encargada únicamente de conocer de los procesos a policías que hayan cometido delitos en el ejercicio de su función. Esta jurisdicción policial tampoco podrá juzgar a civiles y su composición se diseñará bajo pautas similares a las previstas para la jurisdicción militar en lo que le sea aplicable, dejándose a la ley el desarrollo correspondiente.

Se ha considerado que el juzgamiento de los delitos de policías en el ejercicio de sus funciones, debe tener autonomía respecto de la justicia militar.

Reconocimiento constitucional. Se recomienda un expreso reconocimiento a nivel constitucional de los denominados medios alternativos de resolución de conflictos (conciliación, negociación y arbitraje), aun cuando precisándose que la regulación de las condiciones en las cuales se usen, es responsabilidad exclusiva de la ley.

Sin desconocer, ni minimizar el rol de la justicia estatal, dada la importancia que han tomado en los últimos años los medios alternativos de resolución de conflictos, se considera prudente darles un reconocimiento constitucional adecuado.

1. Tribunal Constitucional: supremo intérprete de la Constitución. Se reconoce su condición de órgano jurisdiccional autónomo al que se atribuye la titularidad de las funciones de control de constitucionalidad y un rol de intérprete supremo de la Constitución.

2. Competencias y efectos. El Tribunal tiene competencia en materia de tutela de derechos fundamentales, control de la constitucionalidad de las normas con rango de ley y resolución de conflictos de competencia. Se establece, además, el carácter de cosa juzgada de sus fallos, los cuales en materia de inconstitucionalidad de una norma con rango de ley tienen carácter vinculante, es decir, fuerza de ley.

3. Modelo dual. Se mantiene el modelo dual de control de constitucional acogido en el Perú en la Constitución de 1979: control difuso en la judicatura ordinaria y control concentrado a nivel del Tribunal Constitucional.

4. Composición. Se propone ampliar el número de magistrados integrantes del Tribunal Constitucional de siete a nueve. Se permitirá la conformación de salas para conocer procesos constitucionales. La acción de inconstitucionalidad será conocida por el Pleno. Finalmente, se ha admitido la figura de magistrados suplentes. De esta manera, para cada caso en especial, se convoca a los que siguieron en votación en el Congreso de la República.

5. Elección. El Congreso, con el acuerdo de los dos tercios de sus miembros, elige a los magistrados del Tribunal, a propuesta del Senado. La propuesta, debe contener un número total de candidatos que triplique a los que deben ser elegidos. La elección es por siete años y no admite reelección.

El Senado debe seleccionar solamente a aquellos candidatos que demuestren una clara trayectoria democrática, probada defensa de los derechos humanos, independencia en el desempeño de la labor judicial y/o calidades de jurista. La edad mínima requerida es de cuarenta años.

6. Inmunidad. Debe señalarse que los magistrados del Tribunal Constitucional no responden por sus votos y opiniones ante ninguna autoridad. Cuando los magistrados del Tribunal Constitucional cometan una infracción constitucional o faltas en el ejercicio de su función, éstas deben ser pasibles de sanciones disciplinarias dictadas por el pleno.

7. Sistema de votación. Se considera que para tener un pronunciamiento válido en los asuntos que son competencia del pleno, se requiere contar con los votos en determinado sentido de la mitad más uno del número legal de sus miembros, siempre y cuando ello no constituya menos de cinco votos. En los temas que sean vistos por las Salas, bastará solamente contar con el pronunciamiento de la mayoría simple de sus integrantes.

Finalmente, las decisiones que resuelvan los conflictos de competencia deben ser emitidas por el Pleno, para lo cual basta la obtención de mayoría simple.

1. Precisar los alcances del deber de cooperación.- El deber de cooperación no sólo debe comprender a los órganos públicos, sino también abarcar a las personas jurídicas privadas que prestan servicios públicos, como sucede, por ejemplo, con la empresa que presta servicios de telefonía.

2. Defensa y promoción de derechos de la población.- Señalar que la institución no sólo defiende sino, además, promueve los derechos fundamentales, sustituyendo la referencia a la ciudadanía y reemplazándola por la de "población".

3. Requisitos para ser Defensor del Pueblo.- Se sugiere precisar que para ser elegido se requiere haber cumplido treinticinco años, además de ser un abogado reconocido por su independencia, probidad y trayectoria en defensa de los derechos fundamentales y del sistema democrático.

4. Duración del cargo.- El cargo debe ser de cinco años, permitiéndose la reelección por una sola vez.

5. Impedimento de postular a cargos de elección popular.- Señalar que la persona que ha desempeñado el cargo de Defensor del Pueblo está impedido de postular a un cargo de elección popular hasta un año después de haber cesado en el cargo o de haber renunciado.

6. Legitimación para iniciar e intervenir en procesos constitucionales.- Reconocer a nivel constitucional la legitimación de la Defensoría del Pueblo para iniciar e intervenir en todos los procesos constitucionales a fin de garantizar el cumplimiento de sus funciones.

1. Órganos territoriales de gobierno, no simplemente administrativos. Desde el punto de vista práctico e institucional la descentralización estatal consiste en la creación de entidades territoriales que tengan la calidad de gobierno y no solamente administrativas. Este es el sentido último que justifica la noción de autonomía política, de la cual están investidos, y cuya manifestación jurídica más nítida consiste en la potestad de dictar ciertas normas que tienen rango o valor de ley, por cierto, en su ámbito geográfico y en las materias competenciales asignadas.

2. Constitución de gobiernos locales y departamentales en todo el territorio. El objetivo descentralista, desde el punto de vista institucional, se alcanzará, a criterio de la Comisión, creando sobre las divisiones administrativas preexistentes, órganos de gobierno locales y departamentales en todo el territorio. Las municipalidades, que han pervivido a pesar de sus limitaciones durante toda la República y que se remontan al viejo cabildo indiano, están llamadas a constituirse por derecho propio en instancias de gobierno local. Sobre el tema, no hay cuestionamiento sustantivo.

Es pertinente constituir un segundo nivel de gobierno descentralizado, intermedio entre lo local y lo nacional. Algunas voces sostienen, por ello, que la descentralización debiera limitarse a una profunda municipalización del país. Sin embargo, ni la doctrina ni la experiencia internacional, respaldan este parecer. Está plenamente acreditado que lo local es un ámbito demasiado estrecho y limitado para que operen eficientemente tanto políticas de distribución democrática del poder, como políticas de desarrollo alternativo, válidos para el conjunto del país. Recordemos que Francia, el modelo occidental centralista por excelencia, revitalizó su régimen municipal desde la Revolución, sin que ello afectara para nada dicho carácter.

En consecuencia, creemos que el texto constitucional debe garantizar el objetivo descentralizador mediante dos procesos simultáneos y, por cierto vinculados: la municipalización y la departamentalización del país.

3. Régimen de competencias y conflictos. El tema crítico de todo proceso de descentralización estatal son los inevitables conflictos que se generan. Esta preocupación es válida, pues, la ciudadanía no quiere que se afecte la coherencia de la actuación estatal. Tampoco que se trabe su funcionamiento. Sin embargo, la afirmación democrática admite el conflicto y lo concibe como un método válido para arribar a las mejores decisiones. Como sucede en la tradición constitucional la clave reposa en cómo articular, integrar y compatibilizar intereses diversos y contradictorios.

Sobre el tema de las competencias entre los diferentes niveles de gobierno territorial no hay fórmulas absolutas ni soluciones plenas. Ningún país del mundo lo ha conseguido. Ni los países que optaron por el federalismo en los siglos XVIII y XIX. Tampoco los procesos regionalizadores y descentralistas de la posguerra. En ningún caso la Constitución puede prever todo los casos y las nuevas situaciones. La tarea de armonización e integración ulterior es siempre una tarea de la legislación ordinaria y, por cierto, del Tribunal Constitucional que en la función de dirimir los conflictos de competencias entre órganos constitucionales, debe cumplir un rol fundamental, como ha sucedido en otros países. A pesar de lo dicho, el texto constitucional debe establecer criterios inequívocos que faciliten las tareas normativas y de control de la constitucionalidad.

Para tal efecto, recomendamos el uso de las más avanzadas doctrinas sobre la distribución de competencias, distinguiendo entre las exclusivas, compartidas y concurrentes con sus respectivos regímenes. Las competencias exclusivas (que deben ser muy pocas) definen el llamado núcleo esencial, sin el cual el órgano se desnaturaliza y pierde su razón de ser.

Pero hay que tomar muy en cuenta la tendencia moderna a darle mayor peso al régimen de las competencias compartidas, donde diferentes instancias de gobierno territorial se reparten funciones dentro de una misma competencia (normación básica y de desarrollo, normación y ejecución, por ejemplo), así como reglas muy claras para dirimir sobre las competencias concurrentes, es decir, cuando dos órganos territoriales acceden a la misma competencia. En ese mismo sentido, deberá aplicarse la denominada cláusula residual en favor del Estado, mediante la cual las funciones y competencias no asignadas expresamente a municipios y departamentos se presumen confiadas al Gobierno Nacional.

4. Preeminencia de la política nacional. El reto para el funcionamiento de un sistema descentralizado radica, justamente, en que la pluralidad de instancias y la diversidad de iniciativas funcione con un grado de coherencia que no afecte los rumbos generales, ni trabe la marcha de la administración global del país. Esto implica reconocer, no sólo las prerrogativas, competencias y funciones de los distintos órganos territoriales, sino afirmar al mismo tiempo, y como condición de lo anterior, el rol directriz del Gobierno Nacional. El correcto manejo de lo público implica destacar el momento universal, la preocupación por todos, la concepción de conjunto, articulando – sin desmedro, claro está - los espacios locales y departamentales, abiertos precisamente por las políticas descentralistas.

1. Las municipalidades son los órganos de gobierno local. Las municipalidades, de tanta raigambre en nuestra historia, deben ser consideradas como órganos de gobierno local. De esta manera, acaba una larga práctica republicana que las circunscribía a meras instancias administrativas, incluso dependientes del Poder Ejecutivo (Ministerio de Gobierno o del Interior). Igualmente, pone coto a las tendencias a convertirlas en una suerte de empresas de servicios locales, so pretexto de su modernización.

2. Autonomía política. Se sugiere que las municipalidades gocen de autonomía política dentro de su competencia, además de la administrativa y económica. Pero en aras a la coherencia estatal las competencias de los gobiernos locales distritales no son iguales a los de las provincias, tal como estuvo regulado en la Constitución de 1979, con buen criterio. Las llamadas municipalidades delegadas son una forma de desconcentración local y, por ende, no gozan de esta clase de autonomía.

3. Elección por tres años, límites a la reelección inmediata. La elección de las autoridades edilicias, alcaldes y regidores, es de tres años conforme a nuestra tradición. No convienen períodos más dilatados, pues limita la posibilidad del vecindario para evaluar y renovar sus autoridades. Cabe, sin embargo, estudiar la posibilidad de un período de cuatro años para las municipalidades provinciales, especialmente para las de Lima y el Callao que tienen rango de metropolitanas. Del mismo modo, es conveniente limitar la reelección inmediata a una sola vez, pudiendo volver a postular, posteriormente, sujeto a las mismas condiciones.

4. Renunciabilidad e Impedimentos. Planteamos que el mandato de alcalde y regidor es renunciable, a diferencia de lo preceptuado por las Constituciones precedentes y por la Carta vigente.

Asimismo, se sugiere que para que el alcalde y regidor puedan postular a otro cargo de elección popular, deben renunciar un año antes de la elección.

5. Definición de competencias básicas y de recursos financieros mínimos. Creemos que es necesario que el texto constitucional defina el núcleo de competencias básicas de las municipalidades, a diferencia de lo que ocurre hoy. De esta forma, el núcleo esencial que tipifica su existencia no está a disposición del legislador ordinario. En tal sentido, creemos necesario retomar la redacción contenida en la Constitución de 1979.

Igualmente, la autonomía local tendrá sentido si la Carta Fundamental consigna los recursos patrimoniales y financieros elementales para la vigencia de la institución, cosa que tampoco sucede con la actual normatividad.

6. Régimen metropolitano de Lima y el Callao. La provincia de Lima, capital de la República y la Provincia Constitucional del Callao, por razones históricas y urbanísticas tienen el régimen de Municipalidad Metropolitana. Esta caracterización no sólo define un régimen organizativo propio, sino les permite ingresar en pie de igualdad al proceso de descentralización que operará en el resto del país. En otras palabras, tanto en Lima como en el Callao no hay gobierno departamental, sino gobiernos municipales metropolitanos.

1. Preexistencia de los departamentos. Dar inicio a la constitución de un gobierno descentralizado intermedio entre el Estado y las municipalidades, implica previamente resolver la cuestión del ámbito territorial donde ejercerá sus competencias. La Constitución de 1979 optó por configurar espacios nuevos, de mayor envergadura que los históricos departamentos, llamados regiones. Como no existían, fue menester crearlas a través de un largo y complejo proceso: Plan Nacional de Regionalización, Ley de Bases de la Regionalización, Leyes Orgánicas de creación de cada una de las regiones, legislación complementaria y de adecuación con las demás instancias del Estado, Ley de Elecciones Regionales y, finalmente, la instalación de los gobiernos regionales. La llamada regionalización del país abarcó toda la década de los 80 y los primeros años de los 90, hasta que fue abortada por el golpe de Estado de 1992. A mediados de 1995 las regiones que habían subsistido en cuanto entidad geográfica, con gobiernos espurios llamados CTAR, fueron abolidas, pues estos últimos fueron departamentalizados.

A pesar de estos antecedentes, se ha preferido que el segundo nivel de gobierno territorial repose en los históricos departamentos. Abona a favor de este planteamiento:

2. Modificación de la demarcación departamental abierta. Las variaciones de los límites departamentales, son decididas previa consulta popular a las poblaciones concernidas

3. La descentralización es un proceso. El tema de las competencias y rentas departamentales tiene que abordarse con el tino que corresponde a una visión procesal de la descentralización. En ningún caso puede repetirse el error de la precipitación. La Constitución debe establecer los criterios, el núcleo básico de competencias, las que pueden ser asignadas en forma progresiva, y los procedimientos, pero la responsabilidad de resolver estas dos cuestiones es materia de la legislación especializada.

4. Estructura de gobierno. Creemos que la estructura del gobierno departamental no debe ser complicada, ni conllevar innovaciones que no tengan respaldo en nuestra tradición constitucional. Debe haber un órgano deliberativo y fiscalizador, así como otro encargado de la ejecución. Ambos elegidos por elección universal y directa de los pobladores del departamento correspondiente, respetando la proporcionalidad. De esta manera, queda superada la anterior configuración corporativa y por tercios, origen de los vicios de la experiencia anterior. La primera autoridad del departamento será el Intendente Departamental. Dicha autoridad es reelegible por una sola vez.

5. La Junta departamental será pequeña y sus miembros elegidos por votación popular. A fin de evitar el burocratismo y el asambleísmo que tipificaron la anterior experiencia, el modelo edilicio de Concejo y Alcalde puede ser una guía sugerente. No hay razón alguna para que el colegiado departamental, no tenga el número de representantes adecuado a su realidad. Lo que no se puede cuestionar es la legitimación popular de los miembros del organismo colectivo. No sólo porque ello estaría reñido con la democracia, sino, principalmente, porque sería imposible la producción de normas departamentales de carácter general.

Se postula la existencia de una Junta Departamental conformada por siete delegados como mínimo, agregándosele uno más por cada medio millón de habitantes o fracción mayor de trescientos mil. Dichos delegados son reelegibles por una sola vez.

Finalmente, el régimen remunerativo y estatutario se sujetará al que es aplicable a los regidores, en lo que sea pertinente. El mandato de las autoridades departamentales es de cuatro años.

6. Fondo de compensación y redistribución. La voluntad descentralista no niega el carácter unitario del Estado y, por lo tanto, debe operar el principio de solidaridad interdepartamental de modo que exista una redistribución de recursos mediante la existencia de un Fondo de Compensación Departamental, teniendo en cuenta las características territoriales y económicas propias de cada departamento

1. Necesidad de mecanismos de coordinación. El funcionamiento adecuado del sistema descentralizado de modo que no afecte el mencionado carácter del Estado, supone la existencia de diversos mecanismos de coordinación.

2. Vocación descentralista del conjunto del orden estatal. Se sugiere que las políticas globales y sectoriales del gobierno nacional tengan una vocación descentralista en lo que fuera pertinente. Por lo tanto, su formulación pasa por consultas y participación de las instancias locales y departamentales en lo que fuera factible. En ningún caso, esta práctica implica dilaciones que perjudiquen la marcha del estado o el interés nacional.

3. Instancia de coordinación local y departamental. Para superar la dispersión y tender a la coherencia, se sugiere que la Presidencia del Consejo de Ministros quede encargado de la coordinación descentralista.

4. Control de la constitucionalidad y la legalidad. El Tribunal Constitucional será el órgano encargado de resolver los conflictos de competencia entre las entidades descentralizadas y entre estas y el Gobierno Central. Igualmente, conocerá las acciones de inconstitucionalidad promovidas contra las normas de carácter general que emitan los gobiernos departamentales y locales. Mediante la acción contenciosa administrativa y la Acción Popular, el Poder Judicial garantiza la legalidad de los actos administrativos y reglamentos departamentales, respectivamente.

5. Relación entre los municipios y los departamentos. A fin de preservar la autonomía de las municipalidades, se establecerá que los gobiernos departamentales no afectarán el núcleo indisponible de competencias de los gobiernos locales de su jurisdicción. Esta mención, alcanza también al gobierno nacional.

1. Presupuestos básicos. Ha de garantizarse en cualquier legislación futura, en cuanto es posible al Derecho, que el uso de la fuerza por parte de las personas a las que se les encomienda esa tarea por parte de la Nación, no se utilice contra la población, sino sólo en su favor. En consecuencia:

2. Ámbito separado para las fuerzas armadas y para la policía nacional. Creemos que la reforma debe abarcar la existencia de dos capítulos diferenciados en los que se trate, en cada caso, de la institución que corresponde. Uno de la Fuerzas Armadas y otro de la Policía Nacional.

De esta forma se permite que cada una de las instituciones tenga un tratamiento especial en razón de sus diversas finalidades y del cumplimiento de las tareas que la Constitución les encarga.

3. La integración de las Fuerzas Armadas. La Comisión propone que se consigne como Fuerzas Armadas de la Nación, al Ejército, a la Marina y a la Fuerza Aérea.

De esta manera, se consigna con claridad cuáles son las ramas de la Fuerzas Armadas y se evita que pueda existir una distorsión como la que alentó el régimen dictatorial de considerar como un arma o una rama de la Fuerzas Armadas a la "comunidad de inteligencia".

4. Rol de las Fuerzas Armadas. La Constitución debe definir los roles de las Fuerzas Armadas con relación a su tarea de la defensa del territorio de la República y de su integridad como consecuencia de amenazas provenientes del exterior y, excepcionalmente, cuando la agresión provenga de una amenaza interna. La Comisión estima que ha de consignarse que la Fuerzas Armadas deben constreñirse a cumplir este papel y que cuando se les encarga por excepción una tarea concreta ajena a la defensa nacional, actuarán bajo la dirección de las autoridades civiles y políticas correspondientes, sin realizar tareas con fines de lucro u otras que corresponden desarrollar a los agentes de la sociedad civil.

La Comisión cree que las Fuerzas Armadas no deben desarrollar tareas de competencia de los actores civiles o económicos del país.

5. Sometimiento al poder constitucional. La Comisión propone que se consigne expresamente que las Fuerzas Armadas no son deliberantes y que están sujetas al poder constitucional.

Esta declaración debe ser expresa en especial cuando se le acuerda a sus integrantes, como en este proyecto se proponen algunos derechos políticos individuales compatibles con su función.

6. Jefatura de las Fuerzas Armadas. La Comisión propone que el Presidente de la República sea el Comandante General de las Fuerzas Armadas y, en consecuencia, de cada una de ellas, designe un Jefe de Estado Mayor, cuyas funciones deben acordarse por ley orgánica.

De esta manera, el Presidente no tiene sólo una jefatura suprema que ha sido nominal, sino un comando efectivo que le permite, dentro de lo que la ley señala, tomar las determinaciones de comando que le corresponden como la primera autoridad del país.

7. Manejo de las políticas de defensa nacional. La Comisión estima que debe crearse en la Constitución un Consejo de Defensa Nacional que sea el ente rector de las políticas que en esta materia desarrolle el Estado, y defina los objetivos concretos así como la supervisión de la organización y marcha de las instituciones armadas. Este Consejo es permanente.

La Comisión estima que la constitución de este Consejo de Defensa Nacional garantiza el control democrático de las Fuerzas Armadas.

8. Atribuciones del Consejo de Defensa Nacional. Debe encargarse a este Consejo de Defensa Nacional, la propuesta, a través del Poder Ejecutivo, de las leyes y los reglamentos respectivos que determinen la organización, funciones, especialidades, preparación, empleo y disciplina de las Fuerzas Armadas, así como la supervisión de su funcionamiento y la disposición de lo necesario para la formación, composición, organización de las reservas, equipamiento y repliegue de las Fuerzas Armadas.

Estas atribuciones se insertan dentro de lo señalado en el acápite anterior, de permitir que la política de defensa sea tratada también por las autoridades políticas del país elegidas para desarrollar las más altas tareas por el voto popular y los encargados de la administración del Estado en los ramos que pueden tener incidencia más directa en esta tarea.

9. Composición del Consejo de Defensa Nacional. El Consejo de Defensa Nacional debe estar conformado por el Presidente de la República, el Presidente del Senado, el Presidente de la Cámara de Diputados, el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro encargado del sector Defensa, el Ministro encargado del sector Relaciones Exteriores, el Ministro encargado del sector Economía, el Ministro encargado del sector Interior y los Jefes de Estado Mayor de cada arma.

Esta composición garantiza una presencia mixta e incorpora a los diversos funcionarios civiles que tienen relación con el proyecto nacional de defensa, evitando que esta tarea esté consagrada sólo a las fuerzas militares.

10. Uso de armas de guerra. La Comisión propone que se elimine de la Constitución una disposición que define la exclusividad del uso de las armas de guerra a las Fuerzas Armadas y que sea por ley propuesta por el Consejo de Defensa Nacional que se señale a quién corresponde el uso de las mismas y cuáles pueden ser calificadas en ese rubro.

La Comisión estima que este dispositivo fue incorporado a la Constitución para evitar que la Policía Nacional pudiera contar con armas de determinada potencia que los militares de la época en que se aprobaron estos dispositivos, consideraban como una amenaza de la Policía para la preeminencia de sus instituciones.

11. Asignación de fondos. La Comisión estima que la asignación de Fondos a las Fuerzas Armadas debe hacerse por ley, pero que esa es una disposición que no corresponde incorporarla en la Constitución, porque va de suyo en cuanto a la asignación de cualquier fondo público que debe de hacerse por esa vía.

12. Ascensos en las Fuerzas Armadas. La Comisión estima que los ascensos en las Fuerzas Armadas deben ser propuestos por la autoridad que fije la ley, siguiendo el orden de méritos y decididos por el Consejo de Defensa con ratificación del Poder Ejecutivo y que en el caso de las propuestas para ascenso de los oficiales generales, estos deben ser adicionalmente ratificados por el Senado de la República.

De esta manera se expresa la opinión del conjunto del pueblo, a través del Senado, acerca del compromiso democrático de las Fuerzas Armadas y se evita que se considere a las mismas como coto privado del Presidente de la República, cuidándose de la tentación de convertirlas en una institución que tenga una relación personal y no institucional con su persona.

También se considera que no debe mencionarse en la Constitución que los pases al retiro deban ser ratificados por el Senado de la República, porque estima que esta figura debe estar referida estrictamente a criterios de razonabilidad sin margen de discrecionalidad. Consignar ello en el texto podría dar lugar a que se interpretara que esa posibilidad, distinta a la puramente institucional y regulada por la ley, existe.

13. Derechos políticos de los militares. Como ya se ha expresado, la Comisión estima que los militares deben tener derecho a voto en las elecciones políticas, pero deben de estar prohibidos de realizar actividades de proselitismo o de participar en los partidos políticos. También se ha considerado que no pueden ser elegidos si no se retiran del servicio activo con una anticipación de un año a la fecha de la elección en la cual postulan.

Debe concluirse con esa dicotomía persistente por muchas décadas y que dejó de lado la consideración que de los militares se hizo en la Constitución de 1823, donde se les definía como "ciudadanos con el uniforme de la Patria", estimando la Comisión que debe revitalizarse la idea fundacional del militar como ciudadano.

La Comisión no coincide con las reservas doctrinarias que relacionan el "no derecho" al voto con la disciplina o con el impedimento de deliberar que tienen los militares. Por una simple constatación de hecho, se aprecia que hay otros funcionarios o servidores del Estado, como los jueces o empleados públicos de confianza, que están impedidos de afiliarse a un partido o realizar tareas de proselitismo político, pero nada de ello los margina del derecho al voto.

Igualmente, la Comisión estima que los militares en actividad no deben ser designados como ministros de Estado, por cuanto ello corresponde a un cargo político y, por lo mismo, sujeto a debate y actuación de ese tipo.

14. Grados y honores militares. La Comisión propone eliminar la consideración constitucional a este tópico, en tanto que es materia estrictamente legal.

15. Justicia Militar. Como se ha señalado, las infracciones de las obligaciones cometidas por los militares en servicio en contra de las normas de contenido militar, han de ser juzgadas a través de un procedimiento seguido ante jueces militares designado. La persistencia en un fuero especial para los militares trasluce la posibilidad de brindarles un trato distinto del resto de habitantes de la República, lo que es profundamente contrario a los principios republicanos y democráticos. Dichas resoluciones podrán ser revisadas por la Corte Suprema de Justicia.

16. Orden Interno. La Comisión propone que el orden interno debe ser encargado a la Policía Nacional, la misma que no debe ser militarizada, sin que por ello se prescinda de la necesaria disciplina para que pueda cumplir debidamente con sus funciones. Se debe buscar tecnificar los roles de la policía y, fundamentalmente, acercarla a la sociedad civil, a la que se debe y por la que tiene sentido su existencia institucional.

La Comisión estima que ciertas tareas de la defensa ciudadana deben ser encargadas a las autoridades locales y departamentales, como viene sucediendo en la actualidad, lo que permite un control más cercano de la población.

17. Consejo Nacional de Orden Interno. Se propone la creación del Consejo Nacional de Orden Interno, como un órgano encabezado por el Presidente de la República e integrado de acuerdo a ley, la que también fija sus atribuciones.

18. Rol de la Policía Nacional. La Comisión estima que el rol de la Policía Nacional debe ser el de mantener y restablecer el orden interno; prestar protección y ayuda a las personas de la comunidad; prevenir y combatir el delito; servir de auxiliares a la justicia; brindar seguridad al patrimonio público y privado; y, vigilar y controlar los pasos fronterizos.

Al definir las tareas específicas, se contribuye a la desmilitarización de esta institución y al reconocimiento de su importante tarea en la convivencia nacional.

19. Sometimiento al Poder Constitucional. Al igual que en el caso de la Fuerzas Armadas, la Comisión considera conveniente que conste el sometimiento de la Policía Nacional a la autoridad constitucional y la prohibición de deliberar en asuntos públicos.

20. Coordinación con las policías departamentales y locales. La Comisión propone que se consigne la obligación de la Policía Nacional de coordinar, respetando la función de cada una de ellas, con las policías departamentales y locales.

De esta forma, se procede en consonancia con el diseño descentralista que se propone para el país y se hacen efectivas las competencias que se asignan a cada uno de estos órganos de gobierno.

21. Asignación de fondos. La Comisión estima que, al igual que lo señalado con relación con las Fuerzas Armadas, la asignación de fondos debe hacerse por ley, pero que esa es una disposición que no corresponde incorporarla en la Constitución, porque va de suyo en cuanto a que la asignación de cualquier fondo público debe de hacerse por esa vía.

22. Ascensos en la Policía Nacional. La Comisión estima que los ascensos en la Policía Nacional deben ser propuestos por la autoridad que fije la ley, siguiendo el orden de méritos y decididos por el Poder Ejecutivo, y que en el caso de las propuestas para ascenso de los oficiales de mayor rango, estos adicionalmente se ratificarán por el Senado de la República. Igualmente, en el caso que se defina por ley una política de renovación de cuadros, esta debe de sujetarse a la ley y definirse estrictamente en razón de méritos policiales, evitando la distorsión de este recurso.

23. Grados y Honores en la Policía Nacional. La Comisión propone eliminar de una consideración constitucional a este tópico en tanto que es materia estrictamente legal.

24. Justicia Policial. Como se ha señalado en el capítulo correspondiente, las infracciones de las obligaciones cometidas por los policías en servicio en contra de las normas de la disciplina u obligaciones estrictamente policiales, han de ser juzgadas a través de un procedimiento seguido ante jueces policiales designados. La administración de la justicia en la policía debe ser distinta de la que corresponde a los militares precisamente por la diferencia de las funciones de cada una de ellas. Como se ha señalado con respecto a los militares, la persistencia en un fuero especial para los policías trasluce la posibilidad de una consideración de privilegio que los hace distintos del resto de habitantes de la República, lo que es profundamente contrario a los principios republicanos y democráticos. Como se ha señalado, dichas resoluciones podrán ser revisadas por la Corte Suprema de Justicia.

25. Derechos políticos de los Policías. La Comisión cree que a los policías, por las mismas razones que las expuestas en el caso de los militares, corresponde también el derecho al voto y le alcanzan las incompatibilidades para ser elegidos si no dejan el cargo con antelación de un año a la fecha de las elecciones para las que postulan y la de pertenecer a partidos políticos o ser designados para el cargo de Ministro de Estado.

26. La Policía departamental o local. La Comisión propone que se definan en favor de los departamentos o municipalidades, ciertas competencias en materia de mantenimiento de orden interno. Estas policías deben de coordinar la realización de sus tareas con la Policía Nacional, acercando de esta manera más aún a la población esta responsabilidad y permitiendo un mejor control por parte de la misma.

1. Fortalecimiento. La Comisión considera fundamental resaltar la importancia de los partidos políticos y la necesidad de su fortalecimiento para la consolidación de la democracia. Los partidos políticos concurren a la formación y expresión de la voluntad popular; expresan el pluralismo democrático y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y actividad son libres, dentro del respeto a la Constitución y a la ley orgánica que los regula.

2. Partidos nacionales y regionales: número de adherentes, inscripción y renovación de registro. Pueden existir partidos políticos de carácter nacional o departamental. Se considera como criterio que los partidos nacionales requieren para su inscripción el uno por ciento (1%) del número de electores que votaron en el proceso general anterior. Los partidos departamentales deberían contar con el respaldo del dos por ciento (2%) de los votantes del último proceso electoral a nivel departamental.

Los partidos políticos que no obtengan cuando menos del tres (3%) de la votación nacional o departamental, según sea el caso, tendrán que renovar su inscripción. Las alianzas inscritas concluyen tras el proceso electoral.

3. Postulación de candidatos. Corresponde a los partidos políticos y alianzas de partidos inscritos la postulación de candidatos en cualquier elección popular. La inscripción de candidaturas independientes sólo es factible en las elecciones municipales.

Se considera necesario establecer una valla electoral, de modo que para la integración de un representante al Parlamento, los partidos nacionales deben obtener cuando menos el tres por ciento (3%) de los votos y los departamentales el cinco por ciento (5%) de la votación de su circunscripción.

4. Democracia interna. Dada la importancia de los partidos políticos en el sistema democrático, la Comisión considera que es importante fomentar que su organización interna y la participación de sus integrantes respondan a los principios y criterios democráticos. La ley orgánica de partidos políticos establece las normas para garantizarla.

5. Apoyo estatal y financiamiento. A fin de contribuir al fortalecimiento e independencia de los partidos políticos, el Estado contribuye con recursos públicos para su funcionamiento. Tales fondos deben asignarse en proporción a la votación que obtengan los partidos en el último proceso electoral. Los partidos deben informar periódicamente y también luego de cada elección, sobre el origen y uso de sus fondos y recursos.

Los partidos pueden adquirir bienes muebles e inmuebles para el ejercicio de sus actividades.

Es importante asegurar que el Gobierno o los funcionarios no utilicen fondos públicos ni realicen propaganda estatal en favor de alguna de las agrupaciones políticas o candidatos.

6. Acceso a medios de comunicación. Durante las campañas electorales, todos los partidos inscritos deben tener igual acceso gratuito a los medios de comunicación, públicos y privados, en la forma y proporción que determine la ley.

Sin perjuicio de ello, a fin de incentivar la participación democrática y la cultura política en el país, se considera conveniente establecer franjas cívicas permanentes en los medios de comunicación, públicos y privados, que utilizan bienes de dominio público, como el espectro electromagnético. Ellos tienen el deber social de contribuir al fortalecimiento de la democracia, brindando la información que favorezca la participación política y la conciencia cívica de los ciudadanos. Los partidos políticos y las organizaciones sociales pueden acceder gratuitamente a estos espacios, en la forma que determine la ley, en este caso, en proporción a la votación obtenida en el proceso electoral parlamentario precedente.

1. Regulación de la función pública. Principios.- Se debe incorporar una norma constitucional que precise que una ley regula el ingreso, permanencia y salida de la función pública, el sistema de incompatibilidades y prohibiciones derivadas de su naturaleza, así como los derechos del personal al servicio del Estado

2. Igualdad de acceso a la función pública en según méritos.- Los nombramientos y designaciones que no han sido calificados en la ley como de confianza, son cubiertos mediante concurso público. La carrera pública se rige por las características de méritos, flexibilidad y progresividad sujeta a su competencia y moralidad en el servicio.

1. Denominación.- Modificar la denominación "garantías constitucionales" utilizada por la Constitución y sustituirla por "procesos constitucionales" pues es una expresión técnicamente más apropiada.

1. Procedimiento de reforma. Se considera apropiado el siguiente procedimiento:

Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con el voto favorable de las tres quintas partes del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, en cada caso, superior a los dos tercios del número legal de congresistas.

La Constitución debe contemplar la posibilidad de su reforma integral, así como su procedimiento, y en su caso, la integración de la asamblea que ha de llevarla a cabo; estableciéndose para ello que se requiere por lo menos el voto de las dos terceras partes del número legal de miembros de cada cámara.

2. La prohibición al Presidente de la República de observar la ley de reforma. La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el Presidente de la República.

3. La iniciativa para la reforma constitucional. Se debe establecer que la iniciativa de reforma constitucional corresponde al Presidente de la República, con aprobación del Consejo de Ministros; un quinto del número legal de los parlamentarios; y el uno por ciento del número de votantes en el último proceso electoral, con firmas comprobadas por la autoridad electoral.