Aportes

(SUNAT)

ART	CAPITULO / TEMA	PROPUESTA
01	Derecho de la persona 1.1 Derecho a la información pública	Se debe indicar en el texto la información que se proporcionara, las fuentes de las que deriva y el tipo de documento en donde se encuentra, así mismo mediante una ley se debe excluir de la información a proporcionar aquella cuya difusión perjudique el cumplimiento de los objetivos de la entidad pública, tales como los planes de fiscalización. La SUNAT y aduanas deben estar facultadas para pedir directamente la información requerida para determinar la situación de los deudores tributarios fiscalizados, igualmente debe proceder el levantamiento de la reserva tributaria en virtud a los tratados que celebran los gobiernos para intercambiar información tributaria.
	1.2 Derecho a la autodeterminación informativa	Mediante una ley se deben establecer las condiciones y requisitos que deberán cumplir las personas para ser valer tal derecho.
	1.3 Derecho al secreto de las comunicaciones	La constitución debe contemplar la facultad de inspeccionar o fiscalizar documentos administrativos, los que tienen implicancias tributarias e inclusive extenderse a documentos privados. Se debe indicar en las acciones de inspección o fiscalización no pueden incluir la incautación salvo por orden judicial.
02	Limites de la potestad punitiva del Estado	Se debe sustituir el segunda párrafo indicando que las acciones administrativas deberán respetar sobre todo los principios d constitucionalidad, legalidad y culpabilidad.
12	Referéndum	Sugiere que los tratados de carácter tributarios no sean sometidos a referéndum, por razones de especialidad y criterio técnico .
40	Régimen tributario de los centros educativos	Sustituir el termino Inafectación por Inmunidad. Eliminar la mención a las cunas y guarderías, en vista que queda comprendida en la mención a centros educativos de otros niveles. El ultimo párrafo del articulo 40 debe indicar los requisitos y condiciones que establecerá la ley para las entidades que se cojan a este régimen. Propone que la inmunidad prevista en la constitución no se refiera a las adquisiciones efectuadas por los centros educativos sino únicamente a sus importaciones.
63	Sistema de Seguridad Social	Se sugiere que se establezcan quien preside la referida institución y como se designa a dicha autoridad o que se señale que es gobernada por el Estado los empleadores y asegurados de acuerdo a ley .
79	Proceso de Amparo	Se debe precisar que el proceso de amparo no debe iniciarse contra normas legales dado que para su procedencia debe existir una amenaza efectiva de vulneración de derechos individualizados, lo que no sucede con la existencia de un dispositivo legal.
109	Organización de la Administración Pública	Se sugiere establecer que la ley determine los parámetros para la descentralización y desconcentración administrativa.
110	Participación Ciudadana en la Administración Publica	Se sugiere establecer que el acceso a los archivos y registros administrativos es de acuerdo a ley.
	Libertad de Contratar	Adicionalmente a los artículos 121 122 del anteproyecto que se refieren a los contratos que el estado celebra con los particulares, es necesario insertar un articulo que reconozca y garantice la libertad de contratar entre particulares
121	Convenio de Estabilidad Jurídica	Se debe eliminar la posibilidad de suscribir convenio de estabilidad jurídica, por cuanto evidencia una falta de seguridad jurídica en el país. Asimismo en materia tributaria implica la subsistencia en materia tributaria implica la subsistencia regímenes diferenciados que vuelven complejo el sistema tributario y su control. En el caso de decidir políticamente el mantenimiento de dichos convenios, los mismos no podrán ser modificados por disposiciones de cualquier clase . Tampoco se puede someter al arbitraje las materias relativas al ejercicio del poder coercitivo del Estado para el cumplimiento de las normas respectivas. La estabilidad solo debe estar referidas a impuestos directos
135	Principios Tributarios	Se sugiere sustituir el título Principios Tributarios por el de Potestad Tributaria , se debe sustituir la referencia al Principio de Reserva de la Ley por el de Principio de Legalidad. Por otro lado se debe considerar la exoneración de tributos dentro del principio de legalidad y sustituir el termino Aranceles por Derechos Arancelarios que corresponde a la Ley general de Aduanas. La potestad tributaria de los gobiernos regionales no incluye a los impuestos sino son a alas contribuciones y tazas regionales o locales asimismo sustituir el término Periodo por Periodo Gravable por ser técnicamente mas adecuado. También se debe eliminar el ultimo párrafo del articulo 135, conforme al cual la declaración de inconstitucionalidad de una norma legal no tiene efecto retroactivo, aspecto que cobra mayor importancia si se considera de grave prejuicio que implicaría devolver ingresos que ya han sido gastado en cumplimiento de los fines del estado. Finalmente los términos tributarios no deben incluir temas tributarios .
139	Tratamiento Tributarios especiales	En relación al segundo párrafo se debe señalar que el congreso no puede aprobar impuestos con fines predeterminados, teniendo en consideración que las tazas en contribuciones son creadas con el fin predeterminado de cubrir el costo del servicio o de la mejora. Las leyes que contengan exoneraciones son beneficios tributarios solo deben aprobarse en la medida en que cuenten con informe favorable del poder ejecutivo, quien es el responsable de la política económica se debe precisar que los tratamientos tributarios especiales implican gastos para el estado y deben ser materia de evaluación presupuestaria. En casos en que el congreso apruebe exoneraciones tributarias, exoneración de tazas o eliminación de tributos y estas medidas no hallan sido consideradas dentro de los supuestos para la aprobación del presupuesto publico se debe establecer la obligación de ajustarlo, así como de fijar las medidas que lo equilibren. El otorgamiento tributarios especiales, exoneraciones y beneficios tributarios debe estar sujeto al requisito de aprobación por los dos tercios del numero legal de congresistas dichos tratamientos exoneraciones y beneficios solo deben otorgarse respecto a impuestos directos. Ello en razón que, en los impuestos indirectos la carga economía del tributo es trasladada al consumidor final, por lo que no afecta al vendedor o prestador del servicio. El plazo máximo de vigencia del tratamiento tributario especial debe ser de ocho años, renovable previo informe favorable del Ministerio de Economía y Finanzas, el que deberá señalar los objetivos de política fiscal que reactivaran su otorgamiento, los logros alcanzados con el beneficios otorgado y su repercusión en la economía nacional, así como las razones de orden técnico que sustentan la prorroga.
	SUNAT	Se deben precisar en un artículo especial las funciones que competen a la SUNAT, su autonomía, el procedimiento del nombramiento del Superintendente Nacional, a fin de evitar el manejo político de la institución. Resulta importante proponer que sea el Poder Ejecutivo y que sea el Congreso quien los ratifica así como quien los puede remover en el cargo o falta grave.
194	Inc.13 Atribuciones Presidenciales	Debe reemplazarse el término Convenios por el de Tratados a fin de guardar coherencia con la constitución en su conjunto.
173 168	Retroactividad en Materia Tributaria	Se sugiere la eliminación de la retroactividad benigna en materia tributaria, debido a que va en contra del sistema tributario basado en la autodeterminación como dice el Peruano.
237	Efectos y Valor de las Sentencias del Tribunal Constitucional	Las resoluciones del Tribunal Constitucional no deben tener en forma alguna efectos retroactivos a fin de no poner en riesgo el presupuesto público.
278	Competencia de las Regiones	Incluir como competencia de las regiones el crear , modificar y suprimir las contribuciones y tazas regionales o exonerar de ellas dentro de su jurisdicción.

CUADRO 1: PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN AL DICTAMEN EN MAYORÍA DEL PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL

CUADRO 2: PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN AL DICTAMEN EN MINORÍA DEL PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL

Se sugiere eliminar el último párrafo de este artículo:
"(...)
No sufren efecto las normas tributarias dictadas en violación de los que establecen los párrafos anteriores."

Por las siguientes razones:
1.- El segundo y el tercer párrafo del artículo 211° del proyecto de reforma constitucional señalan lo siguiente:

"Las sentencias del Tribunal Constitucional se publican en el diario oficial. El fallo que declara la inconstitucionalidad de una norma legal la deja sin efecto al día siguiente de su publicación.

No tiene efecto retroactivo la sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional una norma, en todo o en parte."

En ese sentido, el último párrafo del artículo 118° citado guardaría una contradicción con el artículo 211°, puesto que si la norma tributaria declarada inconstitucional no surte efecto, desde que fue dictada hasta que se declara la inconstitucionalidad por una sentencia, entonces ésta sí tiene una consecuencia retroactiva. Asimismo, se podría pensar que el Tribunal Constitucional sí tiene facultad para dejar sin efecto normas legales, en materia tributaria, no sólo a partir del día siguiente de su publicación sino a partir de la dación de la norma misma.

El principio de irretroactividad debe ser general, con las excepciones que señala la constitución sólo en materia penal, cuando es favorable al reo.

Adicionalmente, debe considerarse el grave prejuicio a las finanzas públicas que ocasionaría una sentencia retroactiva, pues implicaría devolver ingresos.

Alternativamente, de no aceptarse el retiro del párrafo aludido se sugiere una mejor redacción que le permita armonizar con las facultades concebidas al Tribunal Constitucional.

"(...)
No surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que establecen los párrafos anteriores, a partir de la publicación de la sentencia que declare su inconstitucionalidad.

Señor
Henry Pease García
Presidente de la Comisión de Constitución, Reglamento y
Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de acercarle nuestra inquietud en relación al Proyecto de Reforma Constitucional, al cual esta Superintendencia contribuyó en aquellos temas que le son propios.

El Pleno del Congreso en su sesión del día 03 de octubre del 2002 aprobó el numeral 25 literal d) del artículo 2° el texto del Proyecto de Reforma Constitucional, cuyo segundo párrafo señala lo siguiente:

" (...). La potestad punitiva y de sanción administrativa del Estado según corresponda, debe respetar los principios de constitucionalidad, legalidad, proporcionalidad, culpabilidad, resocialización y humanidad. Los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y los así señalados como tales en los tratados de los que el Perú es parte son imprescríptibles, son juzgados por los tribunales ordinarios y están excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos: el indulto, la amnistía o el derecho de gracia."

Al respecto. nosotros entendemos que dicha redacción establece que los principios ahí señalados serán respetados por el Estado en su función legislativa en materia penal y administrativa. según corresponda deban ser observados en cada una de dichas materias.

Ello ocurre en razón a que, tanto el Derecho Sancionador Administrativo como el Derecho Penal deben obedecer en principio a fines similares, y tienen un mismo sujeto activo, pero mantienen diferencias que obligan a que no sean considerados como una sola disciplina jurídica.

Así el Derecho Penal está dirigido a un grupo específico de personas, las cuales pueden convertirse en agentes dañinos a la sociedad por la comisión de delitos y faltas, por lo tanto las sanciones diseñadas son rigurosas. ya que es una forma de defenderse de la peligrosidad de aquellos elementos. En el Derecho Penal, es necesario conocer la intencionalidad del autor del delito para poder aquilatar la peligrosidad de dicho agente. y aplicarle la pena. la misma que debe guardar una correlación con la intencionalidad y la peligrosidad. por lo que se hace necesario someter a un análisis subjetivo la acción delictual. y de cuya conclusión determinará la culpabilidad.
En cambio, el Derecho Sancionador Administrativo no esta dirigido a aquellos agentes peligrosos de la sociedad, sino a toda la sociedad en conjunto, con la intención de encausar su comportamiento dentro de reglas de mutua convivencia. En ese sentido, las: Sanciones son menos rigurosas y el público objetivo es mucho mayor y de carácter masivo. Esto implica que, no es necesario conocer la intencionalidad de los autores de las infracciones, pues no hay una peligrosidad implícita, por tanto no se hace preciso realizar un análisis subjetivo que determine el grado de culpabilidad del infractor. Se busca únicamente erradicar la conducta antijurídica, reforzando la prohibición con una sanción para lograr así su necesaria observancia.

En resumen, en el Derecho Penal debe tenerse en cuenta el elemento subjetivo para determinar la culpabilidad. en cambio en el Derecho Sancionador Administrativo, el análisis es objetivo y persigue la antijuridicidad.

Las sanciones aplicadas por la Administración Tributaria son de carácter administrativo, y se aplican de manera objetiva, es decir, una vez detectado el hecho antijurídico, le corresponde la imposición de una sanción. Esto permite que las obligaciones tributarias sean cumplidas por los contribuyentes de la forma establecida por la Administración. Una diferente interpretación del texto mencionado generaría un cambio de actitud al cumplimiento de sus obligaciones debido a que a los infractores se les tendría que imputar y probar la culpabilidad en sus actos, lo cual tomando en cuenta el carácter masivo de las obligaciones, dificultaría el control y afectaría por completo la tarea de crear una auténtica conciencia tributaria en el país.

Por todas estas razones es que esta Superintendencia ve la necesidad de recomendar. en aras de una Constitución que contribuya al orden ya la paz social, la siguiente redacción, a fin de que sea tomada en cuenta de considerarlo usted en su momento.

" (...). La potestad punitiva y de sanción administrativa del Estado según corresponda, debe respetar los principios de constitucionalidad, legalidad, proporcionalidad. culpabilidad, resocialización y humanidad, en cuanto les sean aplicables. Los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y los así señalados como tales en los tratados de los que el Perú es parte son imprescriptibles, son juzgados por los tribunales ordinarios y están excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos: el indulto, la amnistía o el derecho de gracia."

Es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi mayor consideración y estima personal.

Atentamente

- Av. Garcllaso de la Vega 1472 lima Telt.: 315-3300 Fax: 315-3318-

Aportes de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria

(SUNAT)

CUADRO 1: PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN AL DICTAMEN EN MAYORÍA DEL PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL