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LINEAMIENTOS GENERALES |
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LA NATURALEZA
DE LA INVESTIGACIÓN PARLAMENTARIA Y SU RELACIÓN
CON LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA “El Parlamento
no tiene como única misión hacer leyes,
está también encargado de controlar al Poder
Ejecutivo y el mecanismo del régimen parlamentario
prueba que su función de control es aún
más importante, si cabe, que su función
legislativa.” Es el mecanismo a través del
cual se ejerce en representación de la ciudadanía,
el control sobre los actos del Poder Ejecutivo, sean éstos
gubernamentales o administrativo. Tal como señala
Fernando Santolalla López en “Derecho Parlamentario
Español” (Madrid, 1983, p.17) la consideración
de que el Parlamento es el vehículo para la expresión
popular. Por tanto, debe ejercer la capacidad de censor
de quienes ejercen el poder, en representación de
la ciudadanía, de quien recibe para ello, poder y
soberanía. Pablo A. Ramella en su obra “Derecho
Constitucional” (Buenos Aires,1986, p. 85) señala
además que, el control político ejercido por
el Parlamento; se encuentra básicamente explicado
por la necesidad de estar informado para legislar y para
controlar el funcionamiento de otros Poderes, como el Poder
Ejecutivo y el propio Poder Judicial. Se trata de un control
posterior a las acciones y funciones ejercidas. Por sí mismo, el sólo
hecho de que el Parlamento Nacional y otras instituciones
del Estado, demuestren a la ciudadanía su firme voluntad
de llevar adelante, su función de investigación
y de control político, sirve de límite a la
corrupción. Del mismo modo que, el proceso inverso
ocurrido la década pasada en el Perú, no sólo
se facilitó los actos de corrupción, sino
que la impunidad impulsó a sus autores y protagonistas
a proliferar estos actos en perjuicio del país. La labor investigadora se ejerce
mediante la técnica realizar indagaciones, análisis,
búsqueda de información sobre hechos, personas
y objetos, a través de acopio de documentación
o con la recopilación de denuncias, declaraciones
y testimonios, sea de las unidades del periodismo de investigación,
de especialistas o de los funcionarios y personas naturales
investigadas. Por su propia naturaleza parlamentaria,
diferente a la función jurisdiccional de administrar
justicia, el alcance de la investigación parlamentaria
debe concentrarse en la identificación de indicios
razonables de delitos o infracciones legales y constitucionales.
Centra su atención en los aspectos normativos, sistémicos
e institucionales que originaron o permitieron los casos
de corrupción investigados; para aportar a una comprensión
política de los hechos y proponer, como lo establece
el Art. 88º de la Constitución Política,
las recomendaciones que permitan superar tales circunstancias.
Son sujetos de la investigación,
principalmente los funcionarios públicos y personas
que ejercieron mando o responsabilidad en las instituciones
en las que se produjeron los actos ilícitos; así
como las empresas privadas y personas naturales que, directa
o indirectamente afectaron el interés público
nacional. Nuestra investigación no pretende reemplazar,
ni superponerse a las labores de otras instancias del Estado
comprometidas en las labores de investigación y procesamiento
judicial de la red de corrupción. De acuerdo a lo señalado en
el Art. 88º del Reglamento del Congreso, las Comisiones
Investigadoras parlamentarias, tienen la función
de fundamentar en sus conclusiones las diversas iniciativas
legislativas que propondrán para ser adoptadas por
el Congreso. Al investigar para legislar y fiscalizar, no
se produce ninguna superposición de funciones, sino
una complementariedad de responsabilidades entre la labor
del Congreso y la de otras instituciones fundamentales de
la República, Poder Judicial, Ministerio Público,
Contraloría Gral. de la República, etc. Es
la razón por la cual, las investigaciones parlamentarias
cuando hallan indicios razonables de irregularidades o delitos
cometidos, producen elementos de información que
fundamentan denuncias ante el Sistema de Administración
de Justicia que las conduce por el cauce correspondiente. Tanto la Policía como el Ministerio
Público investigan, correspondiendo a éste
último, la función de acusar si encuentra
mérito para ello. El Poder Judicial, por su parte,
investiga y administra justicia, imponiendo las sanciones
a que hubiere lugar. Corresponden constitucionalmente a
estas instancias, en el proceso investigativo, el determinar
la existencia de aquellas pruebas plenas para determinar
la aplicación de las sanciones correspondientes.
Por su parte, la Procuraduría Ad hoc Anticorrupción,
también realiza por su función acciones de
investigación y actúa como representante legal
del Estado en las causas que se judicialicen. La Constitución Política
y las normas específicas señalan las atribuciones
de cada una de estas instancias en la lucha anticorrupción.
Sin embargo, es imprescindible establecer mecanismos de
cooperación, colaboración e intercambio entre
el Parlamento y cada una de estas instancias para racionalizar
esfuerzos y recursos de forma que permitan eficacia, oportunidad
y eficiencia en la lucha anticorrupción. |
