LINEAMIENTOS GENERALES

IMPORTANCIA DEL ESFUERZO DE INVESTIGACIÓN DEL PARLAMENTO PERUANO –PERÍODO 2001/2002 Para reconstruir institucional, jurídica y moralmente el Perú es indispensable poner al descubierto los niveles de corrupción que afectaron al Estado y a la sociedad peruana, explicar sus orígenes, causas y sistemas institucionales que la permitieron. No sólo para aplicar sanciones a sus principales responsables; sino, y sobre todo, para establecer las medidas preventivas que permitan erradicarla irreversiblemente. Desentrañar la verdadera naturaleza de la corrupción existente e identificar a sus principales actores se torna ineludible superar esta nefasta y dolorosa etapa de nuestra historia. Así lo comprendió el Parlamento Nacional en noviembre del 2000, cuando conformó las primeras Comisiones Investigadoras sobre el origen de las Cuentas Ilícitas de Vladimiro Montesinos y sobre la disposición de fondos públicos a través de dispositivos secretos. Ya en agosto de 2001, recién instalado el nuevo período legislativo, las evidencias sobre la dimensión y complejidad de la corrupción pública existente en la década pasada motivaron la constitución de cinco nuevas Comisiones Investigadoras especiales: a. Comisión Investigadora sobre la actuación, el origen, movimiento y destino de los recursos financieros de Vladimiro Montesinos Torres, y su evidente relación con Alberto Fujimori Fujimori b. Comisión Investigadora de la gestión de Alberto Fujimori Fujimori, como Presidente de la República y de quienes infringieron durante su mandato la Carta Fundamental y las Leyes. c. Comisión Investigadora de la concertación y renegociación de la deuda pública externa, contraída por el gobierno peruano durante el período 1990-2000. d. Comisión Investigadora para analizar los delitos económico- financieros perpetrados en el período 1990 al 2001 en el proceso de privatización, el uso de recursos del Estado para el salvataje de empresas bancarias y no bancarias, licitaciones públicas, el uso de recursos públicos para conformar una red de corrupción, el uso de la SUNAT y ADUANAS como mecanismos de chantaje y presión o de evasión tributaria y el mal uso de donaciones y otras ayudas recibidas, entre otros. e. Comisión Investigadora de la influencia irregular ejercida durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) sobre el Poder Judicial, el Ministerio Público y otros poderes e instituciones del Estado vinculadas con la administración de justicia Este esfuerzo del Parlamento nacional, implica la superación de una etapa en la cual vio mutilada su función de control político y de fiscalización; a pesar de que ambas son inherentes a su propia naturaleza. El objetivo primordial de esta tarea es superar definitivamente la impunidad con la cual, actuaron corruptos y corruptores. . Es preciso tener presente que, la impunidad seguirá vigente en tanto quienes participaron en su gestación y desarrollo, o contribuyeron en su permanencia; continúen ejerciendo directa o indirectamente el poder social, judicial, policial, político o de los medios de comunicación. Ello, a pesar de cualquier voluntad en contrario, les permitirá protegerse de cualquier intento de investigación y sanción. Quedarán en condiciones de restaurar la corrupción en todos los niveles del poder. Por tanto, nada puede justificar el abandono de las tareas de investigación contra la corrupción, ni las circunstancias económicas, ni las relaciones exteriores, ni la globalización pueden suplir la obligación del Estado de luchar contra la impunidad y contra sus consecuencias. No se puede, mucho menos, apelar a “razones de Estado” para dejar de investigar y perseguir la corrupción en la gestión pública, ya que ésta es el principal atentado contra la democracia misma. La democracia se sustenta en la seguridad a los ciudadanos proporcionándoles derechos básicos e igualdad ante la ley; mientras que la arbitrariedad y la corrupción buscan que una parte de la sociedad, basado en su poder económico o político, se coloque por encima de la ley, aplicando o emitiendo arbitrariamente disposiciones, dando preferencia a una personas sobre otras para mantener su sistema de ventajas y privilegios bajo una concepción privatista y patrimonial del Estado. El fenómeno de la corrupción pública es esencialmente, la privatización del Estado, al subordinar la gestión pública a la propiedad privada o a los intereses privados.