LINEAMIENTOS GENERALES

LAS HIPÓTESIS REFERENCIALES DE LA INVESTIGACIÓN INTRODUCCIÓN Delitos económicos y financieros son aquellos hechos antijurídicos e ilegítimos a través de los cuales, un grupo de funcionarios públicos y de individuos u organizaciones privadas usufructúan y se apropian de los recursos, bienes y el patrimonio público para provecho propio. Klaus Tiedemann en su libro “Poder Económico y Delito” sostiene que: “son las transgresiones en el ámbito del Derecho Administrativo económico o sea contra la actividad interventora o reguladora del Estado en la economía. Abarca también las infracciones en el campo de los demás bienes jurídicos colectivos o supraindividuales de la vida económica ...e incluye los delitos patrimoniales clásicos (estafa, extorsión, defraudación cohecho, etc.) cuando éstos se dirigen contra patrimonios supraindividuales (como en los casos de obtención fraudulenta de subvenciones o créditos estatales) o cuando constituyen abuso de medidas e instrumentos de la vida económica.” Los actos ilícitos en materia económica y financiera se producen a partir de las conexiones entre las decisiones económicas públicas y los intereses privados. Atentan contra la libertad de competencia y se sustentan en el abuso del poder. En ellos, se involucran, tanto los funcionarios de los diversos niveles del Estado, como determinados individuos y empresas del sector privado, que se coluden y actúan en perjuicio del país y de todos los ciudadanos al ocasionar la pérdida de grandes cantidades de dinero que debieran permanecer como recursos fiscales. LA CORRUPCIÓN ECONÓMICA EN EL PERÚ DURANTE EL RÉGIMEN DE ALBERTO FUJIMORI El grupo de poder corrupto liderado por Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos capturó el Estado peruano en 1990 y se constituyó en red autoritaria desde 1992 hasta noviembre del 2000. Buscó justificar su accionar en la necesidad de aplicar un conjunto de reformas estructurales para sacar al país de la crisis económica en la que se encontraba a finales de los años ochenta. Sin embargo, transcurrida la década, es claro que existe una grave contradicción entre los objetivos originales planteados y los resultados de las acciones del régimen. Los procesos derivados de dichas reformas, fueron utilizadas para que este grupo de poder asociado ilícitamente, actuara en contra de los intereses del Estado y de la sociedad peruana. A despecho de su propio discurso de ortodoxia liberal, que preconizaba una pulcra y mínima participación del Estado en la esfera económica, el régimen fujimorista intervino activamente en la economía en función de los intereses de la red de corrupción. En el manejo de los grandes – y muchas veces dolosos - negocios de la década se halla la mano del Estado favoreciendo intereses privados. En los procesos de privatización, salvataje bancario, negociación de la deuda pública, las grandes licitaciones y adquisiciones del Estado, intervino activamente el gobierno y fue un agente de transferencia de recursos públicos a manos privadas, a partir de negociaciones políticas y a cambio de beneficios económicos ilegales para financiar la red de corrupción. La aplicación de las reformas económicas neoliberales se dio en el marco de un régimen autoritario que las desfiguró y utilizó. NUESTRA HIPÓTESIS DE TRABAJO La hipótesis de partida de la Comisión establece que, durante la década pasada un grupo corrupto de altos funcionarios públicos y de mandos militares asociados ilícitamente para delinquir capturaron el Estado con el objeto de imponer un régimen autoritario e ilegítimo, que garantizara su propia reproducción y continuidad. Esta asociación utilizó un conjunto de mecanismos que permitieron la transferencia ilícita de recursos públicos a manos privadas, ya fueran propias o de terceros. Este núcleo corrupto ha estado integrado por diversos grupos vinculados de forma distinta y particular al poder político. El ex - Presidente Alberto Fujimori y su entorno personal que asumieron al Estado y la función pública como fuente de beneficio patrimonial. Los servicios de inteligencia y Vladimiro Montesinos, jefe real del SIN, articulando diversos intereses que llevaron a subordinar a las FFAA. Entre los integrantes del núcleo corrupto también se encuentra a algunos integrantes del alto mando militar que, desde fines de la década de los ochenta, venía preparando una propuesta de reestructuración económica, jurídica, social y de control del Estado por 20 ó 30 años. Un conjunto de grupos de poder económico, financiero y comunicacional, conectados a sectores de empresarios y tecnócratas ubicados en puestos estratégicos de la administración del Estado. Este núcleo corrupto se constituyó desde el inicio del gobierno de Alberto Fujimori en 1990. Pero, se expandió y se consolidó a partir del Golpe de Estado perpetrado el 5 de abril de 1992, para imponer su dictadura al margen de la Constitución. A partir de entonces, se inició un conjunto de procesos simultáneos por los que un núcleo mafioso, tomó control dictatorial, extra-legal del aparato del Estado. Los procesos referidos se resumen en las siguientes líneas: Respecto al Poder Ejecutivo, la concentración del poder se efectuó en dos niveles: Control del Poder Ejecutivo sobre el Congreso y el Poder Judicial y Ministerio Público. Al interior del Poder Ejecutivo, concentrando las decisiones cruciales en la Presidencia de la República y sus órganos (entre ellos el SIN), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de la Presidencia (MIPRE). Reestructuración de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y de los Sistema de Inteligencia y de Seguridad Nacional, asegurando el control directo de las mismas por parte del Presidente de la República, Vladimiro Montesinos y la cúpula militar en el poder. Como efecto de ello se acentuó la progresiva militarización de diversos aspectos de la vida nacional, como la concesión de prerrogativas casi ilimitadas para la disposición de fondos públicos en el Sector Defensa. Se incrementa sustancialmente la capacidad normativa del Presidente de la República, por medio de legislación delegada y normas de excepción, muchas veces secretas; habilitándolo para sustraer los procedimientos de los niveles de control establecidos. Se produjo la captura y sometimiento de las principales instituciones colocando en todas ellas funcionarios operativos del régimen. Así habrían caído bajo su control: El Congreso de la República, primordialmente a través de la mutilación de su facultad fiscalizadora y la minimización de su función legislativa. El Poder Judicial y el Ministerio Público, a través de la Comisión reorganizadora y de dos mecanismos simultáneos: por un lado la abundancia de jueces provisionales sin independencia y, por el otro, la creación de salas especializadas para controlar asuntos de interés al núcleo corrupto. La Contraloría General de la República y otros organismos de supervisión y control como la Superintendencia de Administración Tributaria (SUNAT), con el doble objeto, primero, de beneficiar y proteger al núcleo de corrupción (por ejemplo a través del RUC Sensible) y, segundo, hostigar y perseguir a los opositores al régimen. El Ministerio de Relaciones Exteriores y el servicio diplomático donde se modificó la orientación histórica de la diplomacia peruana a privilegiar una política latinoamericanista comprometida con la democracia y el Tercer Mundo. En vez de ello se sometió a los diplomáticos y se orientó la política exterior al cumplimiento de la agenda presidencial. Implementación de un sistema normativo “ad hoc” para dotar a los actos ilegítimos del régimen de visos de legalidad e incluso, garantizar la impunidad de sus actos. En la construcción de esta normatividad, tiene responsabilidad también, la mayoría oficialista que controló el Congreso y delegó gran parte de sus funciones legislativas en el Poder Ejecutivo; así como renunció al ejercicio de los deberes parlamentarios de fiscalización y de control político. Captura de varios los principales medios de comunicación (especialmente televisión de señal abierta) e implementación sistemática de campañas de manipulación de la opinión pública. Los medios habrían sido fundamentales para manejar la opinión pública y piezas claves de toda la maquinaria reeleccionista. Manejo de los Programas de Asistencia Alimentaria para el clientelismo. El Estado central intervinó activamente en materia económica a través de extensos programas sociales cuyo fin último era someter las conciencias de los supuestamente beneficiarios. Puesta en marcha sistemas de planillas paralelas para los altos funcionarios del Estado, quienes recibían sus honorarios pagados por las Naciones Unidas, aunque era el mismo Estado quien depositaba el dinero en las cuentas del PNUD para dichos pagos. Eliminación de los Gobiernos Regionales y centralización en el Ejecutivo de las decisiones sobre la inversión y las obras públicas en provincias. Este proceso vino acompañado de un enfrentamiento sostenido contra los municipios. Para validar su autoritarismo, el Gobierno de Fujimori buscó a cualquier costo la legitimación proveniente de la OEA y del gobierno de los Estados Unidos. Una fuente adicional de corrupción durante la década pasada habría sido el narcotráfico que habría proveído de ingentes recursos aún no cuantificados. Ellos son especialmente importantes porque durante el período materia de nuestra investigación, el control de las zonas cocaleras pasó de la Policía Nacional a las Fuerzas Armadas. Así, estas zonas fueron controladas por altos oficiales cercanos al entorno de Vladimiro Montesinos. Este es un tema pendiente de ser esclarecido en futuras investigaciones. La corrupción sin embargo, no incluye necesariamente a todo funcionario que haya ejercido cargos de la administración estatal entre 1990 y 2000. A través de una red organizada, con funciones definidas y con un sistema de relación con los principales cabecillas; controlaron determinados centros neurálgicos de las instituciones. Por ello, no se debe generalizar indiscriminadamente a todo funcionario estatal la tipificación de integrante de la red de corrupción. Así mismo, es preciso diferenciar entre quienes dirigieron esta asociación ilícita o cumplieron un rol para favorecerla, de quienes por la naturaleza de su labor, fueron utilizados desconociendo los reales propósitos ilegales de determinada acciones. La red de corrupción así conformada habría abusado de la información privilegiada a su alcance, y del excesivo poder concentrado, violando sistemáticamente los niveles legalmente establecidos para la toma de decisiones. Empleó normas de excepción, muchos de ellas secretas, para usufructuar ilícitamente y en beneficio propio los recursos del Estado. Ninguno de estos actos ha constituido un hecho aislado. Por el contrario, expresó una forma ilegal de ejercicio del gobierno para sustraer recursos públicos y patrimonio nacional en beneficio propio y de terceros. Se ejecutaron a través de grupos organizados, que contaban con dominio e influencia directa en las diversas instituciones del Estado. Por este motivo, tales actos deben ser enmarcados dentro del concepto de asociación ilícita para delinquir previsto y sancionado en el artículo 317º del Código Penal vigente.